Valladolid, 28 jun (EFECOM).- El secretario general de la Asociación de Constructores Promotores de España, Manuel Martí, advirtió hoy de que la nueva Ley del Suelo conllevará un "encarecimiento" del precio de los terrenos y, por consiguiente, de la vivienda.
No obstante, este encarecimiento "no se nota a corto plazo", precisó el secretario general en declaraciones a Efe en Valladolid, donde participó en una jornada sobre la nueva Ley del Suelo.
La Ley, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, "no va a arreglar nada", incluso "va a aumentar un poco el problema" de la vivienda, dijo Manuel Martí.
A su juicio, supone "un mayor intervencionismo estatal", que "tendrá efectos directos sobre el encarecimiento de costes" en la construcción de viviendas.
Además, "es probable que cree inseguridad jurídica", ya que "más de una comunidad presentará recurso de inconstitucionalidad, porque invade sus competencias", subrayó Martí.
El secretario general añadió que la anterior Ley, de 1998, "nunca se ha aplicado de verdad" y con esta de 2007 "se ha preferido volver al intervencionismo" por parte del Estado, lo que augura "un mal futuro" en el sector de la construcción e inmobiliario.
"Va a ser un encarecimiento" de la vivienda, por la "repercusión" en el precio de venta del mayor coste del suelo, reiteró Martí.
Manuel Martí ofreció una conferencia en estas jornadas, organizadas por Caja España en colaboración con las asociaciones de Promotores Inmobiliarios (ASPRIVA) y de Empresarios de la Construcción, Promoción Inmobiliaria y Afines (AVECO) de Valladolid.
En la apertura de la jornada, el presidente de Caja España, Santos Llamas, afirmó que la corrupción "solo afecta a una pequeña parte, casi inapreciable, del sector inmobiliario".
El presidente de la entidad financiera señaló que hubiera sido "deseable", por su "transcendencia para la opinión pública", un respaldo "unánime" en las Cortes de esta Ley, a la que el PP se opuso.
Santos Llamas que recordó que algunos de los objetivos de la nueva Ley son reducir los altos precios de la vivienda y frenar la "especulación" en el sector, con medidas como la obligación de destinar un 30 por ciento del suelo a viviendas protegidas.
Además, obliga a que los acuerdos urbanísticos se aprueben en los plenos de los ayuntamientos y a que se conozcan tanto el patrimonio como las incompatibilidades de los concejales.
Finalmente, destacó que aumenta la protección de espacios naturales frente a proyectos urbanísticos. EFECOM
lar/txr
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