Madrid, 13 jun (EFECOM).- El 80 por ciento de los agentes del sector inmobiliario considera que la nueva Ley de Suelo, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, no propiciará una bajada del precio del suelo ni de la vivienda.
Es la principal conclusión de la encuesta realizada entre los miembros del Cluster Inmobiliario, entidad independiente surgida en el seno del Instituto de Práctica Empresarial (IPE) que aglutina a más de 4.000 agentes del sector inmobiliario (promotores, constructores, arquitectos y técnicos de la administración pública, entre otros).
El sondeo, presentado hoy por el director del área de investigación del IPE, José Antonio Pérez, muestra que el 69 por ciento de los encuestados considera que la normativa traerá consigo un aumento de los casos de expropiación, dado el nuevo régimen de valoración del suelo.
En este sentido, el 67 por ciento está en contra de que se valore el suelo por su situación real y no por las expectativas que genere, ya que eso permitirá a las administraciones públicas expropiar terrenos a un precio inferior al de mercado.
Un porcentaje similar, el 68 por ciento, está convencido de que en el mercado libre el precio del suelo vendrá dado por las expectativas, igual que hasta ahora.
Asimismo, el 65 por ciento de los sondeados no está conforme con la reserva de un 30 por ciento del suelo para vivienda de protección oficial, en tanto que más de la mitad tampoco está de acuerdo con el establecimiento de una horquilla de entre el 5 y el 20 por ciento para la cesión municipal en aprovechamiento urbanístico.
Según explicó Pérez, esta cuestión "nos diferencia del resto de Europa occidental" donde tener un suelo en propiedad no te otorga el derecho a su aprovechamiento, tal y como ocurre en España, donde la titularidad de un terreno te da derecho a su aprovechamiento futuro a cambio de una cesión municipal que hasta ahora era del 10 por ciento.
Para el 58 por ciento de los encuestados el que ese porcentaje deje de ser fijo puede fomentar la especulación, dado que el grado de cesión dependerá del interés económico que tenga el proyecto inmobiliario que se lleve a cabo en ese suelo.
A pesar de las pegas que ponen a la norma, el 75 por ciento cree que es necesaria una ley estatal que regule el suelo y el 72 por ciento mantiene que el Estado debería garantizar el acceso a una vivienda a aquellos colectivos que la necesiten, pero no la titularidad de la misma. EFECOM
mmr/pam
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