PALMA DE MALLORCA, 26 (EUROPA PRESS)
La nueva tipología de suelos que introduce el proyecto de Ley de de Suelo podría elevar el precio final de la vivienda, según los promotores de Baleares, quienes aseguran que esta posibilidad acarrearía en el archipiélago un descenso del actual ritmo de venta de inmuebles por la falta de mercado.
Así lo explicó en declaraciones a Europa Press la gerente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares, Antònia Fuster, quien aclaró que los promotores únicamente trabajan con suelo finalista, listo para construir, por lo que la Ley de Suelo planteada por el Gobierno y actualmente en tramitación parlamentaria no les afecta en ese sentido. Sin embargo, sí podría suponer un "problema" para los urbanizadores.
Las empresas urbanizadoras son las encargadas de comprar el solar y transformarlo en urbanizable para los promotores. La Ley elaborada por el Ministerio de Vivienda establece una clasificación del suelo que lo reduce a rural o urbano, frente a la que contemplaba la ley aprobada por el Gobierno en 1998, en la que se fijaban tres clases de terreno: rural, urbano y urbanizable.
Con esta modificación, muchos urbanizadores podrían encontrarse con complicaciones para transformar el suelo y se verían obligados a mantenerlo más tiempo en cartera.
En consecuencia, el sobrecoste de la tramitación y la acumulación de terrenos lo cargarían al precio al que venden el suelo a los promotores y estos harían lo mismo con el importe final del inmueble. Según Fuster, "si eso ocurre, la gente dejará de comprar".
"Los precios ya están demasiado altos y no todas las capas sociales pueden permitírselos. Si suben más, descenderán las ventas porque los ciudadanos tienen cada vez más claro cuánto pueden pagar", dijo.
Además, el urbanizador que haya adquirido suelo rústico en una zona no contemplada como de crecimiento en un plan urbanístico municipal no va a poder recalificarlo, añadió antes de asegurar que eso "supondrá un gran perjuicio para este sector".
MÁS VIVIENDA PROTEGIDA.
Según manifestó, la gestión del precio tasado es una posible solución para retener el importe creciente de los inmuebles. "Hay que buscar medidas de cesión de suelo para que se pueda construir Vivienda de Protección Oficial (VPO). En la Asociación de Promotores somos partidarios de que la Administración haga una gestión del precio del suelo para posibilitar la construcción de más vivienda protegida", aseguró.
Fuster explicó también que este es uno de los puntos más positivos de la futura norma estatal, y destacó, en este sentido, la reserva del 25% del suelo para VPO previsto en el proyecto de ley.
Sin embargo, para Baleares este porcentaje será mayor porque la ley de suelo autonómica aún no está aprobada y la normativa actual fija dicho porcentaje en un 30 por ciento.
Fuster aclaró asimismo que la Ley de Suelo establecerá limitaciones a la especulación de precios del suelo con el objetivo de fomentar el acceso a la vivienda. Según indicó, el suelo urbano se tasará mediante comparación con otros terrenos colindantes de similares características y el suelo rural en función de la capitalización de renta agraria, es decir, valdrá lo mismo que los bienes que produce. "No se podrá vender un campo de olivos a precio de oro basándose en especulaciones", señaló.
Las competencias de urbanismo y de ordenación del suelo son autonómicas, de modo que la ley nacional afectará parcialmente a Baleares, donde rigen los planes territoriales insulares (PTI), herramientas con las que se marca el crecimiento de cada municipio, las áreas por donde puede crecer y de qué manera han de realizarse las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de cada localidad.
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