La Paz, 10 may (EFECOM).- La telefónica Entel, filial de Telecom que el presidente boliviano, Evo Morales, pretende nacionalizar, pidió hoy una auditoría independiente de sus inversiones en la última década tras las denuncias de incumplimiento hechas por el Gobierno.
En un comunicado difundido hoy, la mayor telefónica del país propone al Estado boliviano "contratar conjuntamente auditores independientes de reconocida reputación internacional para revisar las inversiones ejecutadas".
En la década de los noventa, Entel fue privatizada parcialmente por la también italiana Stet, que después la traspasó a Telecom, que ahora controla el 50 por ciento de las acciones de la compañía.
La Superintendencia de Telecomunicaciones denunció que Entel ha incumplido sus compromisos de inversión, al desembolsar 466 millones de dólares en lugar de los 610 millones prometidos en la década pasada.
También acusó a la empresa de adeudar al Estado boliviano unos cinco millones de dólares por multas acumuladas desde 2003.
"Por haber actuado con diligencia y transparencia en su gestión, la administración de Entel tiene la mejor disposición de cooperar a que las inversiones ejecutadas sean nuevamente revisadas por auditores independientes", aclara el comunicado de la compañía.
El objetivo -añade- es "despejar cualquier duda sobre el cumplimiento de los compromisos al respecto".
Las negociaciones que mantiene el Gobierno boliviano con ejecutivos de Telecom para nacionalizar la telefónica están estancadas desde hace varios días.
La empresa italiana propuso la semana pasada que el diálogo se celebre en un lugar "neutral", fuera de Bolivia, tras denunciar que el proceso está siendo entorpecido por supuestas presiones de los medios de comunicación de ese país.
Telecom sugirió efectuar una nueva reunión estos días en Brasil (Sao Paulo o Río de Janeiro) o Estados Unidos (Miami), pero la cita todavía no se ha concretado debido a que el Gobierno boliviano se niega a negociar en otro país.
El 50 por ciento de Entel sigue en manos de Telecom, y otro tres por ciento lo gestionan los trabajadores de la telefónica y algunos inversores privados, pero el Estado pasó recientemente a controlar el 47 por ciento restante, que teóricamente pertenecía al pueblo boliviano.
Mediante un decreto emitido el mes pasado, Morales recuperó las acciones que gestionaban desde la década pasada dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), una del español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y otra del suizo Zúrich Financial Service.
En medio del conflicto, Telecom presentó el 30 de abril pasado una demanda contra Bolivia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial. EFECOM
mb/ja/prb
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