La Paz, 5 may (EFECOM).- La Superintendencia de Telecomunicaciones de Bolivia denunció que la telefónica Entel, filial de la italiana Telecom cuya nacionalización pretende el presidente Evo Morales, debe cinco millones de dólares por multas acumuladas desde 2003.
Según publica hoy el diario local "La Prensa", la autoridad reguladora ratificó que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) incumplió los compromisos de inversión asumidos cuando fue privatizada parcialmente en la década pasada por la también italiana Stet, que después la traspasó a Telecom.
El superintendente de Telecomunicaciones, Clifford Paravicini, precisó que la compañía telefónica sólo ha invertido 466 millones de dólares de los 610 millones prometidos.
Recordó que a las multas e incumplimiento de inversiones hay que sumar la deuda que tiene Entel con el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), valorada en unos 25 millones de dólares.
Morales creó a primeros de abril una comisión negociadora para concretar la nacionalización de Entel, participada en un 50 por ciento por Telecom.
Tras varias reuniones en La Paz que sirvieron para poner de manifiesto las grandes diferencias entre las partes, las negociaciones están ahora estancadas porque el Gobierno rechaza la petición de la multinacional para dialogar en un lugar "neutral" fuera de Bolivia.
Esta semana Telecom invitó a las autoridades bolivianas a reanudar las conversaciones el próximo 9 de mayo en Brasil o Estados Unidos, mientras tanto, ejecutivos de la compañía comentaron en Roma que no hay "ninguna justificación" para la nacionalización de Entel y que, por tanto, emprenderán todas las acciones posibles "para la salvaguardia de su inversión".
Pese a que el 50 por ciento de Entel sigue en manos de la empresa italiana y otro 3 por ciento lo gestionan los trabajadores de la telefónica y algunos inversores privados, el Estado pasó recientemente a controlar el 47 por ciento restante, que teóricamente pertenecía al pueblo boliviano.
Mediante un decreto emitido el mes pasado, Morales recuperó las acciones que gestionaban desde la década pasada dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), una del grupo español BBVA y otra del suizo Zúrich. EFECOM
mb/jla
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