Cádiz, 26 feb (EFECOM).- El delegado de la Consejería de Empleo en Cádiz, Juan Bouza, entregó hoy a Delphi en Puerto Real (Cádiz) un requerimiento notarial donde se recuerda a la multinacional norteamericana la normativa laboral contenida en el Estatuto de los Trabajadores y los delitos en que pueden incurrir.
En el escrito, al que tuvo acceso Efe, el consejero de Empleo, Antonio Fernández, recuerda a la empresa que el Real Decreto 1/1995 dice que cualquier planteamiento que pretenda la extinción de las relaciones laborales debe contar con la autorización administrativa, así como que para empresas de más de 50 trabajadores, la solicitud para esa extinción deberá contener un Plan de Acompañamiento Social, que incluya las medidas adoptadas o previstas por la empresa "en orden de evitar o reducir los efectos del despido colectivo".
Además, Fernández recuerda a la empresa en el escrito la existencia del acuerdo alcanzado en el denominado Plan Industrial 2005/2010, que contempla unos determinados compromisos en materia de empleo de carácter fijo.
Según indica el consejero, los incumplimientos que puedan darse de la normativa y acuerdos citados "pudieran ser incluso constitutivos de un presunto delito previsto en el artículo 311 ó en el 257.2 del vigente Código Penal".
Estos delitos pudieran acarrear penas de seis meses a cuatro años de prisión.
La Junta de Andalucía requiere así "formalmente" el "cumplimiento escrupuloso" de la legislación laboral vigente, así como de los acuerdos suscritos con la representación legal de los trabajadores, ya que en caso en contrario, la Junta podría ejercer las acciones legales que creyera oportunas "o de cualquier otra índole" en defensa de los derechos que la legislación atribuye a los trabajadores. EFECOM
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