Bruselas, 23 ene (EFECOM).- La Comisión Europea anunció hoy la imposición de una multa de 750,712 millones de euros a once compañías acusadas de pactar precios de conmutadores eléctricos con aislamiento gaseoso, la sanción más alta jamás fijada por Bruselas para un solo cartel.
Tras una investigación, la Comisión ha concluido que los grupos de empresas ABB, Alstom, Areva, Fuji, Hitachi, Japan AE Power Systems, Mitsubishi Electric Corporation, Schneider, Siemens Alemania, Siemens Austria y Toshiba se repartieron el mercado de estos productos entre 1988 y 2004.
Esta sanción es la mayor impuesta por la autoridad de competencia comunitaria a un único cartel y la segunda más elevada después de la de 855,22 millones fijada en 2001 para un grupo de carteles de fabricantes de vitaminas, cifra posteriormente reducida a 790,505 millones por el Tribunal de Justicia de la UE.
La multa también supone un récord en las impuestas a una empresa por su implicación en un sólo cartel, toda vez que la filial alemana de Siemens deberá abonar 396,562 millones.
Según la Comisión, durante dieciséis años las citadas sociedades manipularon ofertas, fijaron precios, se repartieron proyectos, compartieron mercados e intercambiaron información comercial importante y confidencial.
Un comportamiento "completamente inaceptable" para el portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, quien consideró en rueda de prensa "difícil de calcular" el beneficio obtenido por los grupos sancionados.
Las indagaciones comenzaron cuando una de las empresas implicadas, la suiza ABB, decidió acogerse al programa de clemencia de la Comisión y aportó información sobre estas prácticas ilegales, lo que le ha servido para conseguir una total inmunidad y la conmutación de su sanción, que hubiera sido de más de 215 millones de euros.
Todd señaló que, al verse investigadas, otras firmas trataron de colaborar y de incorporarse al programa con el que Bruselas promueve las denuncias entre las propias empresas infractoras, pero "ya era tarde", explicó.
El portavoz comunitario aseguró que la Comisión está "bastante segura" de las bases legales de esta decisión, aunque previó que las compañías afectadas recurrirán la pena ante la Justicia europea. EFECOM
met/epn
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