Valencia, 19 ene (EFECOM).- El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, afirmó hoy que el Gobierno español considera que "puede y debe legislar" sobre la seguridad del suministro energético y apuntó que la disputa que mantiene con la Comisión Europea sobre este asunto se resolverá en el Tribunal de Luxemburgo.
"Nuestra posición es clara y contraria a la de la CE y en este conflicto creemos que tenemos razón y que es el Gobierno quien puede y debe legislar sobre la seguridad del suministro", dijo el titular de Industria durante la conferencia de prensa en la que presentó los datos turísticos de 2006.
El ministro afirmó que las diferencias con Bruselas se circunscriben a un aspecto de índole jurídica, ya que la opa de E.ON sobre Endesa "sigue su curso", y vaticinó que será necesario acudir al Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo "para que haga de árbitro", procedimiento que puede alargarse "dos años o más".
El choque con el Ejecutivo comunitario es por "dos puntos concretos" de las 20 condiciones en las que había discrepancia, que pueden simplificarse en lo siguiente: si el Gobierno "tiene o no la capacidad legislativa sobre la gestión del suministro de energía del mercado español", dijo.
El titular de Industria quiso dejar claro que el contencioso con Bruselas no afecta a la opa: "El Gobierno ya ha dicho en muchas otras ocasiones que no quiere intervenir (en la operación), pero sí quiere llegar al fondo jurídico de las competencias que tiene la Comisión Europa" en materia energética.
Las dos opas presentadas sobre Endesa han quedado desbloqueadas esta semana tras el levantamiento de la suspensión cautelar que pesaba sobre de la oferta de Gas Natural, que paralizaba también la de E.ON, por parte del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Madrid.
El Gobierno español respondió hoy a la CE que no va a retirar las condiciones impuestas a la opa de E.ON, mientras que Bruselas recordó su obligación de hacer cumplir la legislación comunitaria y amenazó con abrir a España un proceso de infracción por esta cuestión.
El Ejecutivo comunitario había exigido a España en diciembre que eliminara varias condiciones impuestas a E.ON, al considerar que violan el Reglamento europeo de concentraciones -según el cual las fusiones de dimensión comunitaria son competencia exclusiva de Bruselas- y que dificultan la libertad de movimientos de capitales y de establecimiento.
Las condiciones objeto de discusión fueron dictadas por Industria en noviembre pasado y rebajaron significativamente los requisitos impuestos por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y también considerados ilegales por Bruselas.
España tiene también abierto otro procedimiento sancionador por la ampliación de funciones de la CNE aprobada por el Gobierno en marzo del año pasado. EFECOM
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