Empresas y finanzas

Asnef busca atajar "la industria de la reclamación" con un cambio legal

  • Pide poner coto a sus "abusos" en la ley de eficiencia procesal
  • Solicita que los bufetes reclamen la deuda para evitar lucrativos honorarios

El Anteproyecto de ley de Eficiencia Procesal que irá pronto al Consejo de Ministros para su posterior trámite parlamentario podría incorporar medidas que entorpezcan los "abusos" de la "industria de las reclamaciones" creada por ciertos bufetes de abogados al albur de las demandas a entidades financieras. Asnef, la asociación que aglutina a las financieras, ha instado al Consejo de Estado dos cambios en el texto sometido a consulta que, de salir adelante, haría menos lucrativo su negocio y podrían dar autonomía al cliente para decidir, en el último minuto, si pleitea o acepta negociar con su banco.

El fenómeno nace hace más de una década con el despegue de las reclamaciones a la banca por la irregular colocación de preferentes en el 2009 y desde entonces se han producido un alud de denuncias judiciales por diferentes condiciones hipotecarias (cláusulas suelo, IRPH, gastos de constitución..), la OPV de Bankia, intervención y venta del Popular, las tarjetas revolving…

Son productos y condiciones legales y comercializados con profusión, pero que disparan los pleitos cuando altos tribunales validan la abusividad de las cláusulas si no se comercializaron con una transparencia suficiente el consumidor -aunque la ley no exigiese entonces los protocolos que ahora impone-. Con estos fallos, cabe analizar caso a caso si hubo esa falta de transparencia y estos bufetes presenta demandas en masa. 

"Gran parte de la sobrecarga de los jueces y el atasco de la Justicia es debido al importante número de sentencias que mueve este negocio, que funcionan como despachos industriales en base a modelos de demandas donde todas son iguales, y solo se complementan con la información de cada cliente cambiando pequeños datos", explican fuentes de Asnef.

Su operativa pasa, a menudo, por cuasi profesionales de la captación que buscan activamente clientes para presentar unas querellas que llevan al bufete, refieren en la asociación y alertan sobre "prácticas abusivas".

"Usan modelos de demanda con una publicidad absolutamente engañosa porque te garantizan un éxito del 100%, que no vas a pagar nada y que te van a conseguir una cuantía específica, y no se puede garantizar porque no es cierto", agregan, detallando que ya hay resoluciones calificando de "engañosa" la práctica por parte del Juzgado de la Publicidad de Autocontrol.

En Asnef muestran total respecto por "los despachos tradicionales o el abogado tradicional que, siguiendo la deontología profesional y siendo leales a sus clientes, interpone un procedimiento en defensa de los intereses del cliente tras analizar su caso específico" frente a un sistema donde aseguran que prevalecen los intereses del bufete.

Para poner coto a esta práctica han solicitado al Consejo de Estado que, en casos de pleitos donde se reclame una deuda, tengan que plantear la reclamación "por cuantía determinada". Las demandas se presentan en la actualidad por "cuantía indeterminada" donde no reclaman el importe en disputa -por ejemplo, el montante pagado de más por una cláusula suelo o gastos de constitución del préstamo hipotecario- sino que interponen la demanda por un clausulado abusivo -la propia cláusula suelo, gastos hipotecarios, etc-.

Prohibir pactar con el banco

La diferencia entre una y otra fórmula es que "están hablando de honorarios de 1.500 o 2.000 euros para pleitos de, a lo mejor, 300 euros", ya que dichas tasas suelen fijarse en referencia al importe en disputa. Si lo hiciesen por el importe efectivo (o determinado) que provoca el pleito, esos honorarios rondarían más los 100-150 euros. "Con este subterfugio, de ir por cuantía indeterminada, obtiene unos honorarios muy superiores al interés del cliente", denuncian.

En ocasiones ocurre que el banco intenta revolver el conflicto ofreciendo al cliente, incluso, cuantías superiores, pero en Asnef indican que el cliente está atado de manos: "El abogado que te ha contratado tiene sus cláusulas, que son abusivas, e impide negociar con el banco porque le has cedido el derecho al despacho". En este caso, ha pedido al Consejo de Estado que el cliente pueda denunciar, "por abusiva", dicha prohibición y que el juez tenga competencia para valorar si le libera o no de la misma.

80 por ciento

Entre el 70 y 80% de la litigiosidad judicial vinculada con el sector financiero "proviene de los despachos de abogados pertenecientes a la denominada 'industria de la reclamación'", según fuentes cercanas a Asnef, donde apuntan que su "maquinaria" de denuncia satura los tribunales.

En 2017, se crearon precisamente juzgados especializados en cláusulas abusivas para evitar que el alud de casos que preveía la justicia tras algunas sentencias del Tribunal Supremo hiciesen colapsar los tribunales. La ley de eficiencia procesal buscará, precisamente, agilizar los procesos. El pasado año aún se estimaba que existían más de 230.000 demandas por cláusulas abusivas.

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Las demandas de los consumidores contra los bancos se ganan en un 98% y ¿Asnef pide que se ponga coto a los abusos de los abogados? Quizás debería decirles a sus clientes, los bancos, que cuando los consumidores les reclaman por carta, antes de presentar una demanda, les hagan caso.

Los bufetes que demandan son un vehículo para que los clientes defiendan sus derechos, las 230.000 demandas pendientes en los juzgados son un reflejo de los 230.000 clientes hartos de las negativas de las entidades.

El culpable del atasco judicial no son los bufetes, son las entidades que desde hace 10 años se niegan sistemáticamente a cumplir con las directrices del Tribunal Supremo y las del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Cambiar el enfoque de los abusos bancarios hacia los bufetes especializados y eficaces que los reclaman, sin pedir provisiones de fondos, y con un 98% de éxito (ahora llamados “bufetes de pleitos en masa” e “industria de las reclamaciones”) es de un cinismo superlativo.

Lo único que buscan es impedir que los jueces condenen a las entidades a pagar los gastos de juicio de los consumidores, cuando estos ganan. Si esto llega a suceder, miles de afectados no podrán acceder a defender sus derechos porque los bufetes volverán a solicitar provisiones de fondos.

Por último, se dice en el artículo que los bufetes prohíben pactar con el banco, y que las entidades ofrecen más dinero del que les corresponde a los afectados. Ambas afirmaciones igual de exóticas: la primera sería una cláusula nula de pleno derecho y contraria a la deontología profesional, la segunda sería un milagro.

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#1