El Anteproyecto de ley de Eficiencia Procesal que irá pronto al Consejo de Ministros para su posterior trámite parlamentario podría incorporar medidas que entorpezcan los "abusos" de la "industria de las reclamaciones" creada por ciertos bufetes de abogados al albur de las demandas a entidades financieras. Asnef, la asociación que aglutina a las financieras, ha instado al Consejo de Estado dos cambios en el texto sometido a consulta que, de salir adelante, haría menos lucrativo su negocio y podrían dar autonomía al cliente para decidir, en el último minuto, si pleitea o acepta negociar con su banco.
El fenómeno nace hace más de una década con el despegue de las reclamaciones a la banca por la irregular colocación de preferentes en el 2009 y desde entonces se han producido un alud de denuncias judiciales por diferentes condiciones hipotecarias (cláusulas suelo, IRPH, gastos de constitución..), la OPV de Bankia, intervención y venta del Popular, las tarjetas revolving…
Son productos y condiciones legales y comercializados con profusión, pero que disparan los pleitos cuando altos tribunales validan la abusividad de las cláusulas si no se comercializaron con una transparencia suficiente el consumidor -aunque la ley no exigiese entonces los protocolos que ahora impone-. Con estos fallos, cabe analizar caso a caso si hubo esa falta de transparencia y estos bufetes presenta demandas en masa.
"Gran parte de la sobrecarga de los jueces y el atasco de la Justicia es debido al importante número de sentencias que mueve este negocio, que funcionan como despachos industriales en base a modelos de demandas donde todas son iguales, y solo se complementan con la información de cada cliente cambiando pequeños datos", explican fuentes de Asnef.
Su operativa pasa, a menudo, por cuasi profesionales de la captación que buscan activamente clientes para presentar unas querellas que llevan al bufete, refieren en la asociación y alertan sobre "prácticas abusivas".
"Usan modelos de demanda con una publicidad absolutamente engañosa porque te garantizan un éxito del 100%, que no vas a pagar nada y que te van a conseguir una cuantía específica, y no se puede garantizar porque no es cierto", agregan, detallando que ya hay resoluciones calificando de "engañosa" la práctica por parte del Juzgado de la Publicidad de Autocontrol.
En Asnef muestran total respecto por "los despachos tradicionales o el abogado tradicional que, siguiendo la deontología profesional y siendo leales a sus clientes, interpone un procedimiento en defensa de los intereses del cliente tras analizar su caso específico" frente a un sistema donde aseguran que prevalecen los intereses del bufete.
Para poner coto a esta práctica han solicitado al Consejo de Estado que, en casos de pleitos donde se reclame una deuda, tengan que plantear la reclamación "por cuantía determinada". Las demandas se presentan en la actualidad por "cuantía indeterminada" donde no reclaman el importe en disputa -por ejemplo, el montante pagado de más por una cláusula suelo o gastos de constitución del préstamo hipotecario- sino que interponen la demanda por un clausulado abusivo -la propia cláusula suelo, gastos hipotecarios, etc-.
Prohibir pactar con el banco
La diferencia entre una y otra fórmula es que "están hablando de honorarios de 1.500 o 2.000 euros para pleitos de, a lo mejor, 300 euros", ya que dichas tasas suelen fijarse en referencia al importe en disputa. Si lo hiciesen por el importe efectivo (o determinado) que provoca el pleito, esos honorarios rondarían más los 100-150 euros. "Con este subterfugio, de ir por cuantía indeterminada, obtiene unos honorarios muy superiores al interés del cliente", denuncian.
En ocasiones ocurre que el banco intenta revolver el conflicto ofreciendo al cliente, incluso, cuantías superiores, pero en Asnef indican que el cliente está atado de manos: "El abogado que te ha contratado tiene sus cláusulas, que son abusivas, e impide negociar con el banco porque le has cedido el derecho al despacho". En este caso, ha pedido al Consejo de Estado que el cliente pueda denunciar, "por abusiva", dicha prohibición y que el juez tenga competencia para valorar si le libera o no de la misma.
80 por ciento
Entre el 70 y 80% de la litigiosidad judicial vinculada con el sector financiero "proviene de los despachos de abogados pertenecientes a la denominada 'industria de la reclamación'", según fuentes cercanas a Asnef, donde apuntan que su "maquinaria" de denuncia satura los tribunales.
En 2017, se crearon precisamente juzgados especializados en cláusulas abusivas para evitar que el alud de casos que preveía la justicia tras algunas sentencias del Tribunal Supremo hiciesen colapsar los tribunales. La ley de eficiencia procesal buscará, precisamente, agilizar los procesos. El pasado año aún se estimaba que existían más de 230.000 demandas por cláusulas abusivas.
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