La delicada situación que atraviesan las empresas impactadas por la menor actividad durante los peores momentos del coronavirus y, en la última parte de 2021, por el alza de los precios y la energía, se refleja directamente en las renegociaciones bancarias para reestructurar la deuda y poderla asumir de manera más cómoda. El sector financiero que opera en nuestro país cerró el ejercicio pasado con un total de 31.500 millones de euros refinanciados a las compañías, lo que supone un 50% más que en el ejercicio anterior, según los datos que maneja el Banco de España.
Este volumen de reestructuraciones crediticias también es el mayor que ha realizado la banca en los últimos seis años, es decir, desde 2015. Cabe destacar que el supervisor comenzó a recoger datos de este tipo de operaciones precisamente en 2015, por tanto, es el mayor de la serie histórica, aunque previsiblemente fue superado en los peores momentos de la gran recesión.
Una gran parte de las reestructuraciones llevadas a cabo por el sector financiero durante el ejercicio pasado corresponden a créditos avalados por el ICO. El Ejecutivo aprobó en la primavera del año pasado un Real Decreto-Ley que permitió a empresas, pymes y autónomos ampliar las carencias de pago un año (por lo que comenzarán a abonar sus créditos a partir de este mes de abril) y también extender los plazos de amortización de la deuda hasta los ocho años.
En la actualidad, el 25% de los préstamos ICO continúan bajo carencia de pago, según informan fuentes del Ejecutivo, lo que supone el 40% del importe avalado, es decir, unos 37.000 millones de euros. Cabe destacar que la banca ha prestado a través de esta línea un total de 122.000 millones de euros, de los que 92.700 millones, tienen aval estatal.

Tanto empresas como autónomos están solicitando en el último mes al Gobierno que amplíen de nuevo los periodos de carencia, que en el caso de determinadas patronales y segmentos, exigen hasta dos años más. Desde CEOE, ATA o UATAE recuerdan que los negocios aún no han recuperado la actividad que tenían antes de la crisis sanitaria, situación a lo que se suma los mayores costes por la inflación y la subida de precios de la energía, agudizada por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. De momento, el Ejecutivo, que asegura que es consciente de dichas demandas, no ha dado un paso al frente, dice que vigila la situación de las compañías, y tomará medidas si lo ve necesario. Cabe destacar que, como ya se vio durante los peores momentos de pandemia, el Gobierno puede ampliar estos plazos con urgencia, de un día para otro, a través de Decretos-ley.
Situación en hipotecas
El caso de los créditos hipotecarios es opuesto al empresarial. Este tipo de renegociaciones descendió en el ejercicio 2021 un 33%, hasta los 1.744 millones de euros. Esta bajada es fruto de la normalización en el pago de los préstamos y se explica por el incremento de renegociaciones que hubo en 2020 (crecieron un 97% frente a 2019, hasta los 2.605 millones). En ese ejercicio, Gobierno y banca aprobaron moratorias por la pandemia para facilitar la situación a las familias más afectadas por la crisis sanitaria. La cifra de renegociaciones de crédito hipotecario del año pasado se sitúa como la segunda más baja desde 2015, ejercicio en el que el supervisor comenzó a recopilar estadísticas.