Bruselas
Ni el malestar entre los grupos ecologistas, la presión de algunos países, las dudas de los inversores, las críticas de los expertos, ni las amenazas con acciones legales han sido suficientes para frenar a la Comisión Europea, que este miércoles ha confirmado su decisión de considerar el gas natural y la nuclear como energías para la transición, en el marco de la conocida como taxonomía europea que define qué actividades pueden considerarse como sostenibles para fomentar la inversión verde.
Para lograr la neutralidad climática a la que la UE aspira de aquí a 2050, hará falta mucho dinero. En particular, Bruselas calcula que son necesarios en torno a 350 mil millones anuales. Y la inversión pública no será suficiente. Por eso, la Comisión puso en marcha la taxonomía para unas finanzas sostenibles, que debía aportar claridad a empresas e inversores de qué actividades puede considerarse que contribuyen a la lucha contra el cambio climático, a mitigar sus efectos, o a la transformación de la economía para hacerla más sostenible.
Sin embargo, la decisión del ejecutivo comunitario de incluir el gas y la nuclear en este marco no solo divide a los veintisiete países de la UE sino que pone en serio riesgo la credibilidad del plan. Incluso el Banco Europeo de Inversiones anunció la pasada semana que no utilizará esta guía.
"Hoy no es el final. Pero hoy es un medio para llegar a un fin. El fin es un futuro de carbono alimentado por energías renovables."
"Hoy no es el final. Pero hoy es un medio para llegar a un fin. El fin es un futuro de carbono alimentado por energías renovables", dijo en rueda de prensa la Comisaria para los Servicios Financieros, Mairead McGuinness, puede que esta legislación "sea imperfecta pero es una solución real", añadió. La irlandesa insistió en que la UE necesita "todas las herramientas a nuestro alcance" para lograr los objetivos del Pacto Verde, y la decisión de incluir energía nuclear y gas en la taxonomía es parte de la estrategia para acelerar la transición hacia la neutralidad climática.
McGuinness defendió que la legislación introduce "condiciones estrictas", "límites claros", y un periodo retirada progresiva. En particular, le legislación cubre en el caso de la energía nuclear la investigación y la innovación en tecnologías para mejorar la seguridad y la gestión de residuos; los proyectos de nuevas centrales para la generación de energía que utilicen las mejores tecnologías existentes, siempre y cuando consigan el permiso de construcción hasta 2045; o las modificaciones y mejoras de las instalaciones existentes para ampliar su vida útil hasta 2040. En el caso del gas, la etiqueta verde se limita a plantas que emitan menos de 270 gramos de CO2 por kWh hasta el 2031 o menos de 100 gramos en el conjunto de su vida útil. A partir de 2035, tendrán que funcionar con alternativas de baja emisión.
Amenaza de acción legal
El texto presentado por la Comisión mejora los requerimientos de transparencia, elimina el periodo intermedio de reducción gradual de emisiones y hace algunos ajustes técnicos más, pero el grueso de la legislación, se mantiene. Y con ello, el malestar. La división no solo afecta a los países de la UE sino que dentro el propio ejecutivo comunitario, los comisarios austríaco o luxemburgués habían anunciado públicamente su rechazo a la propuesta.
Para muchos, la decisión de la Comisión de agrupar ambas fuentes de energía bajo el mismo paraguas legislativo es un intento de lograr un compromiso que tanto Francia y los países del Este, defensores de la nuclear; como Alemania y otros países que apuestan por el gas, puedan respaldar. Y una manera de evitar así el potencial bloqueo de un grupo de países. Aún así, España, Dinamarca, Luxemburgo, Países Bajos o Austria han mostrado su rechazo a la propuesta e incluso Viena amenazó con acciones legales contra la Comisión, al considerar que viola los principios del Pacto Verde que sienta las bases de la política climática europea y menoscaba los esfuerzos para alcanzar la neutralidad climática y la credibilidad de un sistema para determinar qué puede considerarse como inversión verde que aspiraba a ser referencia global.
Bruselas se defiende. Insiste en que la propuesta es perfectamente legal. Que el gas natural es un combustible fósil, sí, pero de bajas emisiones. Que la energía nuclear es neutral - y que la legislación sobre gestión de residuos y seguridad en Europa es suficientemente firme como para considerar que su uso no supone un daño importante al medioambiente. Además, añade que la legislación prevé duras condiciones, mecanismos para verificar que se cumplen, y limites de tiempo, además de una revisión constante de la pertinencia de la misma.
Bruselas defiende en que se trata de una legislación financiera, que no afecta en ningún caso a las decisiones en materia energética de los países, y que de todos modos es una referencia voluntaria. Pero para muchos, es una oportunidad perdida de marcar la pauta en los mercados internacionales y una peligrosa señal, con los gobiernos y el Parlamento Europeo negociando aún las características que deben tener los bonos verdes.
Al presentarse como un acto delegado, esta legislación se considera aprobada, a no ser que el Parlamento Europeo por mayoría simple, o los gobiernos de la UE por mayoría cualificada -20 países o tantos como sean necesarios para representar al 65% de la población- la rechacen. La Eurocámara y los veintisiete tendrán cuatro meses para pensarlo, aunque de momento, parece que los número no salen, y la propuesta saldrá adelante.
