Grupo Concesionario del Oeste (GCO) y Autopistas del Sol (Ausol), las dos mayores concesionarias de autopistas de Argentina de las que Abertis es su mayor accionista, reclaman más de 158 millones de dólares (casi 140 millones de euros al cambio actual) por el incumplimiento por parte del Gobierno argentino de la actualización de las tarifas. Una deuda acuciada por la pandemia y las restricciones a la movilidad impuestas.
Las dos sociedades participadas por Abertis reavivaron el pasado verano las tensiones con la Casa Rosada después de que ésta anunciara la revisión del acuerdo contractual por el que se prorrogaron ambas concesiones hace tres años hasta 2030.
GCO y Ausol advirtieron en 2021 de que analizaban las acciones contra la amenaza del Gobierno de revisar la renovación de las concesiones
Ausol, de la que Abertis ostenta el 32%, gestiona dos vías, autopista Panamericana y autopista General Paz, con 119 kilómetros en conjunto, y GCO, con un 49% en manos del grupo español, la de Buenos Aires-Luján, de 56 kilómetros. Abertis retiró en julio de 2018 una demanda de arbitraje contra Argentina de 2015 en la que reclamaba más de 1.000 millones de euros por la congelación de los peajes. Lo hizo después de acordar con el Gobierno entonces presidido por Mauricio Macri la extensión de las concesiones de GCO y Ausol hasta 2030 a cambio de invertir 680 millones de dólares (604 millones de euros).
Sin embargo, la paz apenas duró un año y medio porque nada más tomar el cargo en diciembre de 2019 el presidente Alberto Fernández puso la lupa sobre estas y otras concesiones, implicadas a su vez en procesos judiciales por una supuesta trama de influencias por parte de la Administración Macri.
GCO y Ausol ya advirtieron el pasado verano de que se encontraban analizando las acciones pertinentes a tomar contra la amenaza del Gobierno de revisar la renovación de estas dos concesiones.
Por el momento, no ha habido novedades en esta batalla, pero al mismo tiempo las dos concesionarias reclaman millonarios conceptos adeudados que se originaron principalmente por el no reconocimiento de los ajustes tarifarios y la falta de compensación al respecto. Así lo han detallado en sus Planes Económicos Financieros (PEF). En concreto, Ausol reclama 119,5 millones de dólares (104,2 millones de euros) correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020. El mayor importe, de 76,2 millones de dólares (66,4 millones), corresponde a este último ejercicio, cuando se impusieron las mayores restricciones a la movilidad por la pandemia y se decretó la suspensión del cobro de peajes entre el 20 de marzo y el 18 de mayo. Mientras, GCO demanda 38,7 millones de dólares (33,7 millones de euros), de los que 33,4 millones de dólares (29,1 millones de euros) corresponden a 2020. Y estos importes podrían ser mayores con las actualizaciones de 2021.
Un peso muy limitado
Argentina tiene un peso muy limitado en las cuentas de Abertis. Hasta septiembre de 2021, sus dos concesiones en el país aportaron 82 millones de euros al grupo, un 64% más que en el mismo periodo de 2020, después de que el tráfico creciera el 69,8%. Este importe representa el 2,2% de los ingresos totales. El resultado bruto de explotación (ebitda) en Argentina fue de 15 millones (+78%), equivalentes al 0,6% del total.
