
El fin de la jubilación forzosa a los 65 años. Esta es la línea roja que los controladores aéreos que dependen de Enaire se han marcado para evitar una huelga que congele el espacio aéreo nacional esta Navidad. Los representantes de los trabajadores denuncian que los garantes del tráfico aéreo se están quedando en el limbo entre los 65 años, edad a la que la norma aprobada en 2010 les obliga a jubilarse y la actual edad de paso al retiro, que supera esta cifra y se encamina hacia los 67 años. Esta situación se produce después de que la compañía pública se acogiese a un informe dela Abogacía del Estado para despedir a una veintena de trabajadores de más de 65.
En este sentido, Daniel Zamit, portavoz del sindicato de controladores USCA, recuerda en una conversación con elEconomista que existen tres normas diferentes que tienen que ver con esta obligación de jubilación. Por un lado, la ley del año 2010 que promovió el ministro José Blanco y que establecía la obligatoriedad contra la que ahora luchan los controladores de pasar al retiro a los 65 años. En segundo lugar, en el año 2011 entró en vigor una nueva norma derivada de un laudo arbitral que señalaba como la edad límite para jubilarse los "sesenta y cinco años o aquella que legalmente esté vigente en cada momento, siempre que el trabajador afectado tenga cubiertos los períodos mínimos de cotización". Y, por último, la reforma de las pensiones, del año 2013, que establecía el aumento progresivo de la edad de jubilación hasta llegar a los 67 años para el ejercicio 2027.
Zamit recuerda que, hasta agosto, Enaire se acogía a la modificación del laudo de 2011, es decir, permitía trabajar a los controladores hasta cumplir la edad efectiva de jubilación. En cambio, tras la solicitud de un informe a la Abogacía del Estado, se modificó el criterio y se optó por aplicar la norma de 2010, despidiendo a una veintena de controladores que superaban esta edad. Estos trabajadores, según el portavoz de USCA, no habían alcanzado el periodo de cotización mínimo que se exige para recibir la pensión, por lo que se han quedado en el limbo y no pueden cobrar ni el paro, al considerarse jubilados, ni la pensión.
Fuentes del sector confirman a este diario que la empresa pública está trabajando en una solución que permita subsanar con efectos retroactivos lo que consideran "un error". Por su parte, los controladores, a través del sindicato, consideran que se trata de una "afrenta y una humillación", teniendo en cuenta que "se despidió por burofax". Han dado de plazo hasta finales de noviembre para hallar una solución o acudirán a la huelga para volver al sistema anterior y seguir trabajando hasta la jubilación.