La regulación de los lobbies es una de las grandes tareas pendientes de España. Tanto es así que la Comisión Europea ha apremiado a España a desarrollar un reglamento que establezca unas normas comunes para los grupos de interés que cada vez tienen un papel más relevante en nuestro país. Para asegurarse de que España cumple con este deber, Bruselas ha decidido ligar la creación de la norma a la entrega de los fondos Next Generation EU, incluyendo este requisito en la documentación que aprobó el plan nacional de recuperación.
Sobre la base de las conclusiones del Consejo Europeo de julio de 2020, se propuso condicionar el desembolso de fondos europeos de manera que se pueda sancionar a un Estado miembro con la suspensión o reducción de las ayudas si no se cumplen determinados parámetros, entre los que está este tipo de regulaciones. A finales del año pasado, se concretó este hecho vinculando directamente los fondos UE al Estado de derecho desde el 1 de enero 2021. Pero esta no ha sido la única vía a través de la que Europa ha querido recordarle a España la necesidad de regular los lobbies. "Si bien la elaboración de disposiciones específicas sobre grupos de interés en una Ley integral en materia de lucha contra la corrupción es un avance prometedor, este debe cristalizarse en la práctica. Ya han transcurrido cinco años desde que se emitió el informe de evaluación de la cuarta ronda sobre España y el lobby sigue estando en el centro del trabajo legislativo parlamentario, pero sin producir resultados concretos", señalaba el último informe Greco sobre España a la espera de que este mismo jueves se conozca la nueva edición.
Dos vías de trabajo
A día de hoy, de acuerdo con las fuentes consultadas por elEconomista, se trabaja en dos caminos diferentes. Por un lado, en la redacción de una norma y, por otro, en la modificación del Reglamento del Congreso de los Diputados con vistas a regular las relaciones entre los grupos de interés y los diputados en el ámbito parlamentario. Es precisamente esta última vía la que está más avanzada y que tiene este jueves una cita clave.
El Congreso de los Diputados vota hoy la propuesta del Partido Popular a través de una enmienda a la totalidad para reformar esta normativa. Este movimiento se produce después de que el pasado 25 de mayo se aprobase la toma en consideración por parte del Pleno de la iniciativa que presentó el PSOE.
Uno de los puntos más candentes de esta regulación es la definición de grupos de interés, es decir, a quién afectaría la norma. En este sentido, desde APRI, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, que ya cuenta con un reglamento propio al respecto, señalan que debería ser "toda aquella entidad, independientemente de su naturaleza, que trate de influir sobre el proceso de adopción de una decisión pública", independientemente del porcentaje de su jornada que dedique a ello -como se establece en otras normas nacionales- o del tipo de colectivo del que forme parte.
Más allá de la propia definición, también son puntos de fricción los que tienen que ver con las puertas giratorias y el régimen sancionador a aplicar en caso de incumplimiento de la futura norma. En este sentido, desde APRI señalan que si bien la regulación actual del conflicto de intereses y las incompatibilidades que pesa sobre los Altos Cargos establece un plazo de dos años, "creemos que es necesario una ampliación de este plazo a tres años para aquellos responsables públicos que quieran pasar al sector privado para realizar labores de gestión de intereses ante las instituciones o administraciones públicas en sectores económicos u organizaciones de la sociedad civil relacionadas con los asuntos en los que hayan participado directamente en su regulación". En el lado del régimen sancionador, los profesionales de las relaciones institucionales piden un adecuado marco de definición de las infracciones y las sanciones correspondientes claro y ecuánime.
