La Comisión Europea puede complicar el Fondo Nacional de sostenibilidad para el sistema eléctrico, el llamado 'céntimo verde', para industrias que utilizan el gas como materia prima.
El pasado 7 de junio de 2021, la Comisión Europea publicó un proyecto de Comunicación de ayudas estatales para el clima, la protección del medio ambiente y la energía 2022 que sustituirá a las "Directrices sobre ayudas estatales para la energía y la protección del medio ambiente" de 2014, a través de una consulta abierta que finaliza el 2 de agosto.
La propuesta de la UE recoge ayudas en forma de reducciones de las exacciones sobre la electricidad a los grandes consumidores de energía, derivadas de la financiación de políticas de descarbonización. De hecho, Bruselas propone elevarlas del 15 al 25% para la electricidad pero, por contra, su extensión, a consumidores de gas u otros combustibles en sectores económicos particularmente expuestos al comercio internacional, se complica con la nueva redacción de las Directrices.
Electrificación
La propuesta de Bruselas incluye, como criterio para definir la compatibilidad de este tipo de ayudas, la desincentivación de la electrificación de los procesos de producción. Un extremo que ha llamado la atención puesto que el objetivo para 2050 no es electrificar sino descarbonizar.
Esta redacción podría complicar la petición de las exenciones para el sector industrial del gas que el Ministerio ha incluido en la redacción de este proyecto. Según la propuesta, el Ministerio podrá habilitar medidas para reducir el impacto del fondo en este tipo de industrias.
El Fondo Nacional de Sostenibilidad del sistema eléctrico, básicamente, consiste en trasladar el coste de las renovables y la cogeneración del recibo de la electricidad al de los hidrocarburos. Este movimiento provocará una subida cerca a los 7 céntimos para las gasolinas y del orden de 50 euros anuales para el recibo del gas, a costa de rebajar el precio de la electricidad.
La preocupación en la industria por lo tanto es creciente ya que las compensaciones previstas en el Proyecto de Ley no coinciden directamente con los esquemas de ayudas recogidos en la Directrices, al establecerse en forma de compensación a los consumidores, en lugar de como reducción de pagos realizados por los mismos, lo cual puede dificultar su tramitación.
Por otra parte, la redacción señalada puede plantear problemas para su aprobación con respecto a consumos energéticos distintos del eléctrico.
