La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha defendido en su declaración ante el juez que el nombramiento de Andrea Orcel como consejero delegado de la entidad nunca se hizo efectivo porque nunca fue aprobado por el consejo de administración de la entidad y la junta de accionistas. Botín, que ha declarado como representando de la entidad, ha explicado que el consejo de administración del grupo financiero del 25 de septiembre de 2018 (fecha en la que se anunció el fichaje) aprobó una carta oferta en la que se dejó abierto un máximo de indemnización por el salario diferido que Orcel perdía al irse de UBS. Este máximo era de 35 millones, supeditado a la condición de que el banquero italiano intentase reducir al mínimo la cifra que debía aportar el Santander. Sin embargo, la ejecutiva aseguró que el banquero no cumplió con la obligación de reducir esta cifra, y por tanto el consejo vio inaceptable la indemnización que debía pagar y se echó para atrás el fichaje.
Concretamente, la carta oferta fijaba una salario para el italiano de 10 millones, una prima de contratación de 17 millones, y un máximo de buyout (salario diferido que perdía de UBS) de 35 millones, éste último extremo sujeto al compromiso de Orcel a rebajarse y volver a valorarse en un posterior consejo de administración en diciembre de 2018. Botín aseguró al juez que entendían que UBS no iba a hacerse cargo del cien por cien del buyout, aunque sí contemplaban llegar a un 50%-50%. "Consideramos que no iba a pagar 100%, pero lo lógico era la mitad", dijo.
Asimismo, la presidenta de la entidad ha señalado que el Santander no era un competidor de UBS, puesto que el banco de inversión suizo le asesoraba en materia de estrategia. "No compartimos el plan estratégico con un competidor", justificó la banquera. Bajo este argumento, apuntó que la Autoridad Bancaria Europea (EBA) señala en su guía que si un ejecutivo se va a una entidad no competidora sería el banco de origen el que le pagara la compensación correspondiente.
Botín ha señalado que Orcel le trasmitió en diciembre que la cifra de 13,7 millones de euros que se debía reducir del buyout no se iba a restar finalmente. "Esa cifra era entonces inaceptable y era lo mejor desistir el nombramiento", dijo. Asimismo, aseguró que Orcel dijo que UBS estaba legalmente obligado a pagarle esta indemnización. "Orcel se ofreció a mandar una carta a UBS y con esa misiva flexibilizaría la postura oficial del banco de origen suizo. No sabemos si se mandó pero entendemos que no", señaló. Botín ha terminado de declarar a las 11:55 horas y se ha marchado de la sala.
Sin información de lo cobrado
La defensa de Orcel presentó 36 horas antes de la celebración del juicio un nuevo escrito en el que renunció a la pretensión inicial de su incorporación al banco como consejero delegado, tras ocupar el mismo cargo en UniCredit desde el pasado 15 de abril. El abogado del Santander ha criticado que en el escrito Orcel rebaja de la cifra del buyout que demanda al banco, los 35 millones iniciales, tan solo seis millones, cuando UBS finalmente le ha pagado entre 20 o 30 millones al no haber sido finalmente contratado por la entidad. "Si ha cobrado 30 millones y se reclaman 29 millones, pues son 49 millones, cuando lo que se reclamaba en su momento eran 35 millones. La parte actora ha demorado deliberadamente este escrito", denuncia la defensa de la entidad española.
El juicio que ha dado comienzo a las 10 horas, ha contado con la presencia del actual consejero delegado de UniCredit, Andrea Orcel, que finalmente ha asistido al proceso. De no haberlo hecho, aseguran fuentes financieras, habría mostrado ante el juez una absoluta indiferencia por el proceso. El italiano se ha sentado en la primera fila del tribunal a tres sillas de distancia de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín.
El abogado del banquero italiano, Álvaro Remón, ha pedido desestimar la declaración del secretario del consejo de administración, Jaime Pérez Renovales, al argumentar que no puede ser llamado como testigo al tener poderes como representante del banco. El juez, sin embargo, ha rechazado esta premisa, permitiendo su testifical.
El juicio ha quedado aplazado sin fecha para poder contar con las testificales del presidente de UBS, Alex Weber, y el director global de compensaciones del banco suizo, Mark Shelton, que presentaron informes médicos para no acudir a Madrid por la pandemia. No obstante, el juez ha dicho que la declaración no se hará por videoconferencia porque ellos "viajan mucho" y ha pedido a la defensa de Orcel que aclare en cinco días en qué fechas podrían venir a Madrid para continuar el proceso. Los abogados del italiano dejaron abierta la posibilidad de renunciar a estos dos testigos para no alargar el proceso, pero finalmente hoy han asegurado que quieren mantener sus declaraciones.
