Ya es oficial. A partir del uno de mayo Google repercutirá a los anunciantes la tasa digital aprobada por el Gobierno y con la que esperaba recaudar 968 millones al año. Así, el gigante de internet ha enviado un correo electrónico en el que explica que cobrará un recargo del 2% en las facturas de todos los anuncios que emitan en nuestro país y en Francia para compensar, al menos de parte, el aumento de los gastos que supondrá hacer frente a este nuevo impuesto nacional.
"A partir del uno de mayo de 2021, Google empezará a aplicar nuevos recargos por los anuncios servidos en Francia y España. Se añadirá un 2% de recargo a tu factura o extracto para cubrir parte de los costes asociados al cumplimiento de la legislación que regula el impuesto sobre Servicios Digitales (IDSD)", recoge el correo remitido por Google.
Hará que sean las empresas que utilizan su buscador para publicitarse las que sufraguen parte del impuesto
Es decir, que hará que sean las empresas que utilizan su buscador para publicitarse en nuestro país, independientemente de donde tengan la sede principal, las que sufraguen al menos parte del impuesto con el que el Gobierno busca compensar los reducidos impuestos de sociedades que las tecnológicas pagan en nuestro país.
Y es que pese a que Google se llevó 900 millones de la tarta de publicidad digital de España, que supera los 2.000 millones, porque agrupa casi toda la inversión del mercado en buscadores, apenas abonó 6,8 millones de euros en impuesto sobre beneficios en el ejercicio de 2018, el último disponible en el registro mercantil. La cifra es un 24% menos que en 2017. Google, que factura todo su negocio español en Irlanda, tiene una filial en nuestro país que presta servicios comerciales de soporte a la matriz irlandesa y norteamericana: Google Spain. La filial ingresó de su matriz y único cliente 104 millones de euros en 2018 y registró un beneficio de 20 millones.
La decisión de Google de repercutir el impuesto sigue los pasos de Amazon, que también anunció a sus clientes que desde abril cargaría un 3% a las tarifas de referencia de la plataforma por servicios a las empresas que venden sus productos en España a través de la plataforma, lo que implica repercutir toda la tasa. No en vano, el impuesto sobre determinados servicios digitales busca gravar a aquellas grandes tecnológicas con un 3% sobre los ingresos derivados de servicios de publicidad en línea, intermediación en línea y transmisión de datos.
Amazon, uno de los líderes del comercio online en España, opera en nuestro país a través de tres filiales que prestan servicios de logística, gestión de datos y soporte comercial, por lo que todo lo que vende a través de la página web se factura en Luxemburgo, donde tiene la sede. Así, Amazon EU pagó 331 millones en 2019 a Amazon Spain Fulfillment por las actividades de almacenaje, recogida, empaquetado y gestión de pedidos de clientes y proveedores. La compañía arrojó un beneficio de 18,25 millones y abonó 3,5 millones de euros en impuesto de sociedades.