Nueva York
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, retiró su oposición a la idea de establecer normas globales para gravar a los gigantes digitales como Google, Amazon y Facebook en la reunión virtual de ministros de Economía y Finanzas y banqueros centrales de las 20 principales economías del mundo (G20) celebrada el viernes. En un movimiento que prueba la buena voluntad de la Administración Biden, el país retira la cláusula conocida como "puerto seguro" (safe harbour, en inglés) que hasta ahora había bloqueado las negociaciones.
Esta medida, exigida por el gobierno del expresidente de EEUU, Donald Trump, habría permitido a las empresas tecnológicas acatar cualquier tipo acuerdo fiscal de forma voluntaria. Sin embargo, según un portavoz del Departamento del Tesoro, Yellen comunicó a sus homólogos que "ya no aboga por la aplicación" de la misma. De esta forma, se allana el camino para la adopción de una propuesta sobre la fiscalidad digital bajo el amparo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en junio de este año.
"Hemos visto un fuerte viento de cola para una tributación justa de las grandes empresas digitales", aseguró al cierre del encuentro el ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz. "Mi colega estadounidense ha declarado hoy que EEUU se sumará", aclaró. Por su parte, su homólogo francés, Bruno Le Maire adelantó que "conseguir un acuerdo para el verano está al alcance de la mano, sobre todo desde que EEUU ha confirmado que ha renunciado al principio de puerto seguro".
Las conversaciones entre unos 137 países sobre cómo revisar las normas tributarias internacionales, con especial atención a la economía digital y los grandes titanes tecnológicos de EEUU, se desmoronaron el año pasado cuando la administración Trump exigió que cualquier régimen fuera voluntario para estas compañías, una modalidad a la que múltiples países se opusieron.
En lugar de esperar a que Washington y la OCDE llegasen a un acuerdo, varios países optaron por aplicar unilateralmente sus propios impuestos sobre los servicios digitales, entre ellos Austria, España, Reino Unido, Francia, India, Italia y Turquía. Aún así estos gravámenes suelen discriminar a las empresas no residentes ya que impone una doble imposición.
De hecho, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) concluyó a mediados de enero, justo antes de la toma de posesión de Biden que los impuestos de los servicios digitales impuestos por España restringen el comercio de EEUU y son incompatibles con los principios fiscales internacionales abriendo así la puerta a represalias.
Aunque las amenazas se disipan, todavía queda camino por recorrer para llegar a un acuerdo global sobre este asunto. Más allá de la cláusula de voluntariedad, EEUU y Europa llevan mucho tiempo en desacuerdo sobre el alcance de las nuevas normas. También hay cuestiones pendientes sobre la cantidad de beneficios que deben reasignarse a las distintas jurisdicciones y sobre cómo garantizar y hacer cumplir la seguridad fiscal.
La OCDE, que sirve de foro para estas conversaciones, estima que estas reformas fiscales aumentarían los ingresos fiscales entre 60.000 y 100.000 millones de dólares, o el 4% del impuesto de sociedades mundial. El pasado octubre publicó un proyecto de reforma fiscal internacional basado en dos pilares.
El Pilar Uno establece nuevas normas sobre el lugar en el que deberían pagarse los impuestos y una manera totalmente nueva de compartir las potestades tributarias entre países. El objetivo es garantizar que las empresas multinacionales con un fuerte componente digital u orientadas al consumidor paguen impuestos en el lugar en el que operan de manera sostenida y significativa, aunque no tengan presencia física, como se exige actualmente en virtud de la normativa tributaria vigente.
El Pilar Dos aboga por imponer un impuesto mínimo mundial que ayudaría a los países de todo el mundo a resolver el resto de los problemas relacionados con la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios por parte de las empresas multinacionales.
La falta de una solución consensuada podría dar lugar a la proliferación de impuestos unilaterales sobre servicios digitales, cómo ya ha ocurrido, provocando un aumento de litigios nocivos en materia comercial y tributaria. Si no se llega a un acuerdo, la hipótesis más pesimista de la OCDE no descarta una guerra comercial a nivel global en la que el PIB mundial podría disminuir más de un 1% al año.
