Alrededor de un millar de las grandes empresas españolas, el 25% del total, no ha realizado la auditoría energética este 2020, algo obligatorio para ellas cada cuatro años, por lo que se arriesgan recibir una sanción que puede ascender a los 60.000 euros.
La Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3E) ha realizado un estudio para conocer el volumen de las auditorías energéticas realizadas por las grandes empresas españolas -unas 4.500- durante el presente ejercicio, a partir de los datos de sus asociados y con la colaboración de varias comunidades autónomas.
De acuerdo con el Real Decreto 56/2016, las compañías con una facturación superior a los 50 millones de euros, más de 250 empleados, o las que tengan un balance superior a los 43 millones, tienen que someterse a una auditoría cada cuatro años -la primera debió hacerse en 2016-, o, alternativamente, deben tener un sistema de gestión energética implantado.
Sin embargo, el análisis de A3E señala que a pocos días de que acabe el año, entre un 20% y un 25% no ha cumplido la norma, y cerca del 40% de las auditorías realizadas sólo han cumplido con la obligación y no cuentan con el alcance o la calidad necesaria para implantar medidas de ahorro energético, que es su verdadera finalidad.
Los resultados de este 2020 son similares a los que hubo en 2016, también según los datos de A3E. El coste de realizar la auditoría varía extraordinariamente en función del tipo de empresa -una entidad financiera no puede compararse con una distribuidora de alimentación o la industria pesada- y hace cinco años se estimaba un volumen de mercado próximo a los 160 millones.
Entre las razones por las que las grandes empresas no cumplen la norma, A3E apunta que la respuesta más recurrente ha sido el desconocimiento de la misma, seguido de la ausencia de personal interno cualificado. El gerente de A3E, Antonio López Nava lamenta a elEconomista que después de cuatro años con la normativa en vigor aún haya tanto desconocimiento.
Inspecciones y sanciones
Los datos de las auditorías deben inscribirse en los registros de las comunidades autónomas, y son éstas las encargadas de inspeccionar y controlar que se ejecuten en tiempo y con la calidad adecuada, con potestad para imponer sanciones por incumplimiento, que pueden llegar a los 60.000 euros.
No obstante, según una reciente interpretación de la Abogacía del Estado, resolviendo una duda de Castilla y León, es el Ministerio para la Transición Ecológica el que debe comprobar que la auditoría de las compañías afecta al 85% de sus consumos en todo el país, puesto que las comunidades sólo tienen el resultado parcial de su territorio.
