Un 16,7% de los hogares españoles afronta un gasto energético desproporcionado para su nivel de ingresos, mientras que otro 10,6% sufre pobreza energética escondida y un 6,6% se retrasa en el pago de las facturas, de acuerdo con los últimos datos del Gobierno, correspondientes a 2019. La situación refleja una leve mejoría con relación al año anterior.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado el Informe de Actualización de Indicadores 2020 de pobreza energética, introducidos el año pasado con la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, para conocer la evolución de esta peculiar manifestación de la vulnerabilidad social. Todos los indicadores mejoran con relación a 2018, situándose en valores similares o inferiores a 2016, tras el crecimiento registrado en 2017.
En 2019, un 16,7% de los hogares poseían un gasto energético desproporcionado sobre los ingresos -más del doble que la media nacional-, ligeramente por debajo del 16,9% del año anterior. Además, el 10,6% de los domicilios sufría pobreza energética escondida, lo que implica un gasto energético inferior a la mediana nacional.
El 7,6% de la población tuvo problemas para mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno, cifra que mejora 1 punto porcentual y medio respecto a 2018. Asimismo, un 6,6% de la población se retrasó en el pago de las facturas, un valor que refleja el mayor descenso de los últimos años: 0,6 puntos porcentuales.
Tanto el gasto desproporcionado como la incapacidad de mantener una temperatura adecuada en invierno reflejan una baja eficiencia energética, mientras que la pobreza energética escondida y el retraso de las facturas indican la necesidad de apoyo económico para garantizar el suministro eléctrico.
El Informe también refleja que estos indicadores obtienen valores más altos en hogares con personas desempleadas, con rentas bajas -del primer quintil-, en pisos con alquiler de renta antigua y en hogares sin calefacción.
Protección adicional durante la pandemia
El Miteco divulga los datos justo cuando las ONG reclaman aumentar la protección de la población pobre y perjudicada por la Covid-19, recuperando la prohibición total de cortar los suministros energéticos aprobada durante el astado de alarma.
En este sentido, la Cartera de Teresa Ribera recuerda que los cortes ya están prohibidos para los hogares en riesgo de exclusión social, con un menor de 16 años, en situación de dependencia grado II ó III, y discapacidad superior al 33%.
Igualmente señala que ha modificado el Bono Social para que lo reciban también los hogares con un miembro en paro, incluido en un Erte o tenga reducida su jornada por motivos de cuidados, así como los empresarios con circunstancias similares. Para recibirlo basta una declaración responsable del titular del suministro.
