El Ministerio para la Transición Ecológica quiere prohibir los cortes de suministros de cualquier fuente de energía durante situaciones meteorológicas extremas, ya sea por temperaturas altas o bajas, o por otras causas, como vendavales o fuertes lluvias.
La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, actualmente en período de información pública, plantea establecer la prohibición como una medida de protección para todos los consumidores, con independencia de su nivel de renta y de que sean o no vulnerables, desde el momento en que, en determinadas situaciones, sobre todo de frío extremo, el consumo de energía se convierte en algo vital.
En otros países de nuestro entorno, como Francia, Bélgica, los Países Bajos o Finlandia, ya existen prohibiciones similares, acotadas a los crudos meses de inverno. Sin embargo, la cartera dirigida por Teresa Ribera quiere aplicarla también durante episodios estivales de elevadas temperaturas, habida cuenta nuestro clima y de su negativa incidencia en la salud.
"La extensión del corte de suministro a todas las fuentes de energía se fundamenta en la posible utilización de fuentes habitualmente no dedicadas a los usos térmicos para incrementar el nivel de confort térmico en la vivienda en situaciones excepcionales. Tal es el caso de la energía eléctrica y el uso de dispositivos portátiles, tales como calefactores o ventiladores, destinados a aliviar la sensación térmica en situaciones meteorológicas extremas apoyando los sistemas de climatización habituales", reza la Estrategia.
Para activar la prohibición, en principio el Ministerio quiere emplear las alertas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que se reparten por provincias y áreas geográficas concretas y tienen tres niveles (amarillo, naranja y rojo), con umbrales específicos basados en los datos históricos de las temperaturas.
Disparidad climática del país
Partiendo de la base de que la mayoría de las viviendas están adaptadas a las condiciones climáticas medias de su emplazamiento, las alertas de Aemet se disparan a distintos niveles de temperatura; por ejemplo, en Almería capital la alerta amarilla por calor se activa a 36º centígrados y por frío a -1º centígrado, mientras que en el Pirineo de Huesca no se declara si no supera el intervalo de 34º a -6º centígrados.
Para que la medida sea viable es necesario, además de establecer las variables que activen la prohibición (que podrían ampliarse a otros fenómenos meteorológicos, como las fuertes lluvias), diseñar el sistema de comunicación con las empresas suministradoras de energía al objeto de que conozcan las alertas con suficiente antelación como para activar sus procedimientos internos.
La idea del Ministerio es que los cambios normativos necesarios para que las prohibiciones de cortar los suministros energéticos por alerta climática entren en vigor se materialicen entre este 2019 y 2020.
Indicadores de pobreza energética
La Estrategia, en período de información pública hasta el próximo día 13, quiere paliar un problema que, según el tipo de indicador que se considere, afecta de 3,5 a 8 millones de personas en el país y provoca graves daños a la salud (desde infecciones respiratorias y alergias relacionadas con la humedad hasta procesos reumáticos), además de otros efectos sociales indirectos, como el rechazo por la falta de higiene.
Ese volumen de incidencia se obtiene al cruzar datos del Instituto Nacional de Estadística con cuatro indicadores, tomados del Observatorio Europeo de Pobreza Energética: retraso en el pago de las facturas, pobreza energética escondida (consumos muy reducidos por no poder pagar los servicios), gasto desproporcionado en relación a los ingresos y la incapacidad de mantener el hogar a una temperatura adecuada.
En función de estos indicadores, se plantean dos objetivos de reducción al final del período, en 2024: mejorar el valor más bajo de la serie 2008-2017 y mejorar la media de la UE. Por ejemplo, en el caso de las viviendas a una temperatura inadecuada, el valor más bajo del período ha sido del 5,9% y la media de la UE del 7,8%.
Para ello, la Estrategia plantea actuar en cuatro frentes: mejorar el cálculo periódico de los indicadores y de las necesidades de gasto energético asociadas a ellos; diseñar un nuevo sistema de prestaciones, que mejore los actuales y complejos bonos sociales y térmico (éste sin aplicación por falta de presupuesto en 2019); impulsar la rehabilitación de edificios (recomienda aplicar la idea de rehabilitación exprés de Naturgy); y, en cuarto lugar, otras medidas de protección a los consumidores, como un protocolo para que la atención primaria detecte los casos, así como concienciación social.
El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idae) se encargará de realizar un seguimiento del cumplimiento de la Estrategia.
