Empresas y finanzas

Google teme perder ingresos por la demanda antimonopolio

  • Admite que podría verse obligado a cambiar sus prácticas comerciales
  • La firma dice que la tasa a servicios digitales creará "regímenes fiscales incoherentes"
Foto: Dreamstime.
Madrid

Google admite que las investigaciones antimonopolio en Europa, Estados Unidos y otras jurisdicciones ponen en riesgo no solo sus prácticas comerciales, sino también su propio modelo de negocio. En documentación remitida a la SEC el buscador admite que más allá de las posibles sanciones, como resultado de los distintos investigaciones, incluyendo las demandas por infracción de patentes y derechos de autor, "es posible que tengamos que cambiar nuestras prácticas comerciales y desarrollar productos o tecnologías no infractores, lo que podría resultar en una pérdida de ingresos para nosotros y perjudicar de este modo nuestro negocio".

El Departamento de Justicia de EEUU presentó el martes una demanda contra el grupo por abusar de su monopolio en el negocio de búsquedas online, en el primer revés a una una compañía local en más de dos décadas. Según justifica la querella, avalada por 11 estados del país, todos ellos gobernados por republicanos, Google utiliza los miles de millones de dólares que ingresa gracias a la publicidad en sus múltiples plataformas para pagar a los fabricantes, operadores y navegadores de teléfonos móviles, como ocurre con Safari, el navegador de Apple, para que utilicen Google como su motor de búsqueda predeterminado, según la demanda registrada en un tribunal federal del Distrito de Columbia.

Investigación en 51 estados

En sus últimas cuentas, la compañía admite que "el año pasado los fiscales generales de 51 estados norteamericanos abrieron investigaciones antimonopolio sobre algunas de nuestras prácticas comerciales", señalando que "seguimos cooperando con los reguladores federales y estatales de Estados Unidos, y con otros reguladores de todo el mundo".

A la espera de cómo avance el proceso judicial en el mercado norteamericano, el hecho es que existe ya un precedente ya en la Unión Europea. La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha impuesto multas por un total de más de 8.000 millones de euros a Google en los últimos dos años y le ha ordenado cambiar sus prácticas comerciales. La última sanción a la compañía tecnológica llegó, de hecho, el pasado año, cuando se le impuso una multa de 1.490 millones por abuso de posición dominante con los anuncios de AdSense, que la compañía ha recurrido, depositando en cualquier caso avales bancarios por esta cantidad. Pero es que a esta sanción le precedieron los 2.420 millones por Google Shopping en 2017, y los 4.343 millones de euros por abuso de posición dominante en el mercado con Android en 2018, la mayor recibida hasta ahora.

Pero el buscador no solo tiene problemas con las autoridades de Competencia. La empresa de California admite también que  "debido a los cambios en las condiciones económicas y políticas", puede verse perjudicada en el terreno fiscal. "En particular, Francia, Italia y otros países han promulgado o están considerando la posibilidad de promulgar impuestos sobre los servicios digitales (en España entrará en vigor en 2021), lo que podría dar lugar a regímenes fiscales internacionales incoherentes y potencialmente superpuestos", asegura el grupo en su último informe anual de cuentas, correspondiente al ejercicio 2019.

Google recuerda que "la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) publicó recientemente una propuesta relativa a su iniciativa para modernizar las normas tributarias internacionales, con el objetivo de que los diferentes países promulguen legislación para aplicar un marco fiscal internacional modernizado y alineado", pero insiste también en que "no puede haber garantías de que esto ocurra".

comentariosforum0WhatsAppWhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinlinkedin
forum Comentarios 0
Deja tu comentario
elEconomista no se hace responsable de las opiniones expresadas en los comentarios y los mismos no constituyen la opinión de elEconomista. No obstante, elEconomista no tiene obligación de controlar la utilización de éstos por los usuarios y no garantiza que se haga un uso diligente o prudente de los mismos. Tampoco tiene la obligación de verificar y no verifica la identidad de los usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los usuarios proporcionan y excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la utilización de los mismos o que puedan deberse a la ilicitud, carácter lesivo, falta de veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de la información proporcionada.