El Ministerio de Transportes está dispuesto a seguir adelante con su plan de colaboración público-privada para desarrollar carreteras sin contar con la participación de los fondos de infraestructuras.
Las condiciones del rebautizado por el Gobierno de Pedro Sánchez como Plan Especial de Carreteras (PEC) implican que la rentabilidad asociada a los proyectos está sometida a las limitaciones que impone la Ley de Desindexación de la economía española y el Ejecutivo no contempla una modificación ni la introducción de ningún tipo de excepción a dicha norma. Esto implica que el rendimiento para los inversores se limita al bono del Tesoro español a 10 años más 200 puntos básicos. Con la última subasta, el rendimiento se situaría en el 3,25% para los alrededor de 25 años que durarán los contratos, un nivel muy alejado de los porcentajes con que invierten los fondos de infraestructuras. Esa rentabilidad sería también insuficiente para la mayoría de las entidades financieras.
Recuerdan, asimismo, que en otros ámbitos, como el de las energías renovables, se garantizan rentabilidades por encima del 7%
Desde el sector privado insisten en que el cambio de la Ley de Desindexación bastaría con tramitarlo a través de una orden ministerial. Recuerdan, asimismo, que en otros ámbitos, como el de las energías renovables, se garantizan rentabilidades por encima del 7%.
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, indicó hace unas semanas en el Senado que "seguiremos explorando aquellas fórmulas de colaboración con el sector privado mediante contratos de concesión que permitan abordar actuaciones prioritarias, pero siempre salvaguardando la viabilidad futura de estas fórmulas". "Hemos avanzado en estos meses para cerrar con el Ministerio de Hacienda y las autoridades europeas (Eurostat) un modelo que equilibra los riesgos y que posibilitará desarrollar proyectos concretos en breve plazo", aseguró.
Transportes entiende que, con la asunción de los riesgos expropiatorios y de demanda la rentabilidad ofrecida, atraerá al sector privado
Transportes entiende que, con la asunción de los riesgos expropiatorios y de demanda la rentabilidad ofrecida, atraerá al sector privado, pero las fuentes consultadas expresan sus dudas al respecto. De hecho, cuestionan si ese modelo, con tales transferencias de riesgos, superaría la consideración de concesión por parte de Bruselas.
Una de las opciones que baraja el Ministerio es recurrir a fondos finalistas para los proyectos dentro del programa para la reconstrucción de la Unión Europea. Esto, según indican las fuentes consultadas, eliminaría de la ecuación a los intermediarios financieros. Meses atrás se analizaron alternativas para que los fondos y bancos entraran en el Plan de Carreteras con la disposición de avales por parte del Estado para mitigar una parte de los riesgos, pero esta opción, según fuentes conocedoras, no prosperó.
El Ministerio prevé sacar a información pública en las próximas semanas el pliego de contratación
El Ministerio prevé sacar a información pública en las próximas semanas el pliego de contratación. La pretensión del departamento que dirige Ábalos es licitar este año al menos cuatro proyectos. Se trata de dos iniciativas en Murcia, que ya cuentan con los permisos requeridos, una en Valencia y otra en Castellón. El importe de estos contratos supera ampliamente los 1.000 millones de euros. No obstante, en la hoja de ruta de Transportes figura un plan de mayor alcance que podría incluso rebasar los 5.000 millones de euros que contemplaba originalmente el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), diseñado hace tres años por el Gobierno de Mariano Rajoy.
El detalle de esos proyectos que se abordarían dentro del nuevo PEC aún tiene que definirse, máxime porque muchos de ellos todavía no tienen las autorizaciones y los estudios de viabilidad y medioambientales pertinentes. A este respecto, el Ministerio se plantea licitar los contratos con el estudio de trazado aprobado y una tramitación avanzada, pero aún sin el visto bueno al proyecto de construcción. Las constructoras medianas demandan volúmenes de hasta 200 millones para poder participar.
Vuelta al origen
El PEC –heredero del PIC– ha dado varios giros en los últimos tres años. El último ha terminado por retornar el plazo de concesión al entorno de los 25 años, como establecía el programa original y muy superior a los 10 años que el Gobierno socialista anunció después. Esta ampliación implica un modelo concesional más tradicional que lo aleja del denominado método alemán.
El Ministerio mantiene, en todo caso, la fórmula de pago por disponibilidad, por el que el Estado paga a las concesionarias por mantener y operar la vía en óptimas condiciones durante la vida del contrato. Además, los riesgos de expropiación correrán a cargo de la Administración, una cuestión que cambia sustancialmente con respecto a la compartición con el sector privado que planteaba el PIC y que supone un atractivo para las constructoras, que aún tienen reciente lo ocurrido con las autopistas quebradas. Ahora bien, esta es una de las cuestiones más problemáticas por la situación de prórroga de los Presupuestos, las exigencias de déficit público y los crecientes costes de conservación de carreteras.
Los cuatro proyectos que estima poder sacar a concurso en los próximos meses son el tramo A del Arco Norte de Murcia; la A-7 Crevillente-Murcia; el bypass de Valencia; y la ampliación de la A-7, en Castellón.
La restricción presupuestaria
El Ministerio de Transportes trabaja en la reactivación de las licitaciones. El foco está en los concursos de conservación de carreteras, quedando en segundo plano los proyectos de construcción dadas las restricciones presupuestarias –de ahí que el sector insista en la colaboración público-privada-. Un reciente informe de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) revela que España, con 22.489 euros por kilómetro, destina un 50% menos de lo recomendado y muy por debajo de Italia, Francia, Reino Unido y Alemania. La organización estima que deben destinarse 1.300 millones de euros, frente a los menos de 900 millones que se han dirigido en los últimos años.
