La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le debía 1.058 millones de euros a Endesa a cierre del primer trimestre del año en atrasos correspondientes a sus actividades reguladas. Alguna de las partidas, sobre todo la mayor, 716 millones de la retribución de la generación convencional en las islas, se remonta varios años atrás.
Es normal que se produzca cierto decalaje entre el momento en que se desarrolla una actividad regulada del sistema eléctrico, como el transporte de energía, y el momento en que se cobra. Normalmente, los números no se cuadran hasta el final del año siguiente, cuando la CNMC publica la liquidación definitiva.
Lo que no es tan normal es que el atraso -técnicamente denominado coeficiente de cobertura- se remonte varios años atrás y que alcance una cifra de cuatro dígitos, como le sucede a Endesa por culpa de los pagos por la generación convencional en los territorios no peninsulares, que desarrolla en régimen de monopolio regulado.
Liquidaciones complejas
Esta actividad tiene un coste relevante: el año pasado ascendió a 1.380 millones, que se recuperan a partes iguales con los peajes de electricidad, por medio del recibo de la luz, y con los Presupuestos Generales del Estado, atendiendo a que la generación es mucho más cara que en la península, pero el precio de la luz debe ser el mismo para todos los consumidores.
Las liquidaciones de estos pagos son particularmente complejas, puesto que tienen en cuenta el coste de los combustibles, el de las emisiones de CO2, el de la generación local con renovables, el precio eléctrico final, los costes operativos, los impuestos... El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) está tramitando una orden que aumenta sus ingresos en 80 millones al año de 2020 a 2025 por cuestiones técnicas.
Capital circulante regulatorio
La compañía contabiliza los pagos atrasados como "capital circulante regulatorio"; y a cierre de 2018 ascendían a 810 millones, eran 894 millones al acabar 2019 y a 31 de marzo del presente 2020 se habían incrementado hasta los 1.058 millones.
Atendiendo al tamaño de sus pagos regulados -incluyen la generación en las islas, la distribución, derechos de cobro de la financiación del déficit de tarifa y otras partidas menores-, la empresa dirigida por José Bogas debería tener un decalaje en el coeficiente de cobertura de unos 400 millones, pero resulta que es más del doble.
La situación no sólo perjudica su solvencia financiera -los atrasos son el 15% de la deuda neta-, sino que le cuesta unos 20 millones al año, atendiendo a un coste medio de la deuda del 1,7%, porque la normativa no reconoce los gastos de capital asociados al coeficiente de cobertura.
El propio Bogas se lamentó del desfase a finales del año pasado, momento en que estaba en conversaciones con el Miteco y la CNMC para encontrar una solución, que se esperaba incluir en la revisión regulatoria en curso -en ese momento el regulador estaba elaborando sus circulares-, pero no ha terminado de ver la luz.
El lunes que viene, Endesa presenta un informe elaborado por Deloitte sobre la descarbonización de los territorios no peninsulares.
