Unipost reclama a Correos una indeminización de 300,5 millones de euros por provocar su quiebra en 2017. La compañía ha demandado así al grupo postal por llevar a cabo "prácticas anticompetitivas durante 15 años" que minaron su capacidad para "llevar a cabo su negocio de forma justa y competitiva" y terminaron por "excluirla del mercado".
"A través de dichas prácticas predatorias, Correos buscaba eliminar a Unipost del mercado, perjudicando de manera irreversible la liberalización del sector", asegura Unipost en un comunicado. La demanda, puesta en marcha por la administración concursal de Fieldfisher Jausas, ha sido admitida a trámite por el Juzgado de lo mercantil número 7 de Barcelona.
"A través de dichas prácticas predatorias, Correos buscaba eliminar a Unipost del mercado, perjudicando de manera irreversible la liberalización del sector"
Fuentes cercanas al proceso judicial señalan que Correos ha aprovechado la "sobrefinanciación" estatal que ha recibido en los últimos años para ofrecer descuentos a los grandes clientes "impidiendo" que otras compañías puedan operar. "La política de precios predatorios ha hecho que todo el mercado pase a Correos", aseguran estas fuentes, que no dudan en señalar que la ayuda estatal aprobada por la UE para la empresa pública postal entre 2011 y 2020 muestra que ha recibido un exceso de compensación de más de 400 millones hasta 2018, "año en el que Unipost solicitó entrar en liquidación".
"Ha aprovechado la sobrefinanciación estatal de 700 millones que ha recibido en los últimos años para ofrecer descuentos a grandes clientes"
En este punto, cabe recordar que el propio presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, explicó en 2019 que la mejora de los ingresos registrada y prevista responde a la buena marcha del reparto de paquetes por el boom del comercio electrónico y al incremento del reparto de cartas por el cierre de Unipost en Cataluña, lo que le ha permitido recuperar importantes clientes como bancos.
Además de los 400 millones, que el Gobierno ya estaría compensando con una menor aportación en 2019 y 2020, Europa dictaminó que España había infringido la regulación sobre ayudas estatales y había pagado a Correos más de 300 millones de euros de ayuda estatal ilegal entre 2004-2010. La compañía pública tuvo que devolver 167 millones. "Esta financiación ilegal de más de 700 millones de euros durante el período analizado fue utilizada por Correos como un cheque en blanco para subvencionar su conducta ilegal y abusiva", asegura Unipost en un comunicado.
En concreto, la compañía privada postal reclama al grupo presidido por Serrano una indemnización de 162 millones de euros por el negocio perdido durante quince años a causa de las prácticas anticompetitivas de Correos, o lucro cesante; unos 135 millones por el daño emergente resultante del concurso y la liquidación de la firma y 3,5 millones por los daños derivados de la negativa de Correos de dar acceso a Unipost a su red postal.
La compañía, que fue acusada de guardar las papeletas del referéndum ilegal de 1-0, lleva trabajando en esta denuncia desde el año 2018 y, aunque tenía previsto presentarla en septiembre de 2019, el proceso se ha visto retrasado por la oposición presentada por Hacienda y Correos. La primera quería que la empresa se disolviese cuanto antes para cobrar los impuestos que adeuda y tras abrirse diligencias todo el proceso se paraliza y Correos se defiende de las acusaciones. Ya están resueltas las oposiciones.
La financiación y estructuración de la demanda, que constituye una novedad en España, surge de la alianza de dos fondos de litigación liderados por Ramco que, entre otras cosas, se encargarán de financiar el procedimiento legal ya que Unipost no tiene acceso a fondos. La demanda ha sido redactada por un equipo legal liderado por el experto en el sector postal Juan Piqueras Ruiz (AGP Asesores)
