Empresas y finanzas

Nacionalizar las residencias de ancianos que pide Podemos costará 5.000 millones

La patronal rechaza este modelo y aboga por una colaboración público-privada

6:53 - 9/06/2020

La nacionalización del negocio de residencias de ancianos en España que quiere Podemos supondría un impacto en su volumen de ingresos de 5.000 millones de euros anuales para los operadores privados de esta industria, que actualmente controlan el 73% de los centros del país, según los datos recopilados por el CSIC correspondientes a 2019. A esta cifra, que corresponde su facturación prevista para este ejercicio según los datos de DBK, el Gobierno tendría que pagar las indemnizaciones a estos operadores, así como los costes legales que podrían derivarse de estas posibles expropiaciones, según señalan los expertos consultados por elEconomista.

Esto, sin embargo, no echa para atrás a Podemos, que sigue abogando por un cambio en el sistema de las residencias de ancianos. Según declaró este lunes Pablo Echenique, que los centros de estén en "manos privadas" supone un debilitamiento de las condiciones de las personas que residen allí y también de las condiciones de trabajo para las mujeres que ostentan la mayor parte de los puestos de limpieza y cuidados. Según apuntó el diputado de la formación morada en RNE "si fuésemos capaces de avanzar en esa dirección, tendríamos mejores residencias, los mayores estarían mejor cuidados y habría mejores condiciones para las trabajadoras. Lo público es más fuerte que el negocio privado a la hora de cuidar a las personas". Este diario se puso en contacto con Podemos para solicitar información sobre su propuesta exacta para esta industria, pero no recibió respuesta al cierre de esta edición.

Frente a las palabras de Echenique, el secretario general de Aeste (la patronal del sector), Jesús Cubero, explicó a elEconomista que "a ellos no les gusta el modelo de la empresa privada, lo hicieron en alimentación con Mercadona y en textil con Inditex, pero la única forma que permite seguir creciendo con una calidad de primera es la colaboración público-privada. La Administración debe ver a la empresa privada como una aliada". "El debate que debe darse es el de la calidad, lo que la población no quiere es que discutan en el Congreso usando las residencias de mayores", añadió el directivo de la patronal.

Por ello, Cubero adelantó a este diario que la propuesta que van a llevar la semana que viene a la Mesa de Reconstrucción pasa por "pedir una acreditación de la calidad y que los servicios sociales sean iguales en todo el territorio, no puede ser que cambie según el código postal en el que vivan" y también que exista "un mayor nivel sanitario, no debemos convertirnos en hospitales, pero si el perfil medio de las personas mayores en residencias tienen más de 84 años, toman muchos fármacos y tiene un nivel alto de dependencia, esto debe mejorar".

Por ejemplo, pese a que las residencias de Madrid han sido de las más perjudicadas en la pandemia del coronavirus, es una de las autonomías más avanzadas en este sentido y desarrolla desde el año 2009 un plan anual de inspecciones a las residencias de mayores. Bajo la batuta de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, los inspectores tienen la obligación de vigilar al menos una vez al año cada una de las 425 residencias de mayores de la Comunidad. Así, los inspectores del Control de Calidad, Inspección, Registro y Autorizaciones (Cira) son los encargados de comprobar el estado de estos centros y del trato que reciben los ancianos. Las infracciones conllevan multas de hasta 660.000 euros y el cierre del centro en cuestión. Desde que comenzó la pandemia, las más de 700 residencias Comunidad de Madrid suman 5.986 fallecidos con coronavirus (21%) o sintomatología (79%). Desde el mes de marzo, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, asumió la supervisión de esos centros, antes controlados por el consejero de Ciudadanos, Alberto Reyero,

Duras críticas de Iglesias

Sin embargo, el vicepresidente del Gobierno responsabilizó en TVE de estos fallecimientos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Los ciudadanos no van a perdonar lo que hizo Ayuso con las residencias y lo que se hizo en otras comunidades autónomas", aseguró. Para Iglesias es "vergonzoso e indecente" que "alguien pueda hacer negocio con los mayores y después llevárselo a otros países". Y, en su opinión, el sistema de atención a las personas mayores es un servicio "enormemente precarizado y privatizado" que "ha demostrado ser ineficiente". Es más, el vicepresidente consideró que lo ocurrido en las residencias de Madrid y Castilla y León es "es un escándalo, si no es crimen".

Frente a estas palabras, Díaz Ayuso desveló también que pensará si emprender acciones legales contra Iglesias por sus declaraciones que solo llevan al "odio". En su defensa salió el senador del PP Rafael Hernando, que publicó un tweet recordando al vicepresidente "coletas" que "la orden de confinar a los mayores en sus habitaciones de las residencias fue del Ministerio de Sanidad y que el el responsable de los mayores eras tú como vicepresidente, y además de saltarte la cuarentena, eres coautor de la catástrofe sanitaria, económica y social en España".

Horas después, Iglesias contestó a este tweet, que acusó de tener un estilo "faltón", y dijo que Díaz Ayuso debería dimitir por la gestión que ha realizado su Gobierno autonómico de las residencias de mayores durante la pandemia y que su "propio consejero" de Políticas Sociales, Alberto Reyero, tachó de "inmoral e ilegal".