Anged, la patronal de las grandes empresas de distribución, como El Corte Inglés, Ikea, Leroy Merlin, Fnac, Carrefour o Media Markt, carga contra el Gobierno y muestra su profundo malestar ante el "grado de discrecionalidad política y económica" con el que, según la organización, "se ha decidido la reapertura escalonada del comercio en España".
"Los problemas financieros y de liquidez ocasionados por el cierre total durante dos meses y medio de las tiendas son comunes a todo el comercio y sectores, no sólo del pequeño comercio", asegura Anged, que acusa directamente al Ejecutivo de saltarse la Ley de Defensa de la Competencia.
Paquete fiscal y financiero
"Desde las principales organizaciones empresariales llevamos semanas demandando y proponiendo medidas para un paquete fiscal y financiero potente y efectivo, equiparable al de los principales países de nuestro entorno, que ayude a salvar la actividad de nuestro sector productivo, aliviar sus cargas fiscales y reducir sus costes fijos", dice Anged, que recalca que "si el pequeño comercio no dispone de músculo financiero como ha explicado el Presidente, la obligación del Gobierno es ofrecer soluciones que mejoren esa situación de falta de liquidez, sin penalizar la situación del resto de operadores retrasando la reapertura de las tiendas de mayor tamaño".
La patronal recuerda que en todos los países de nuestro entorno el comercio está abierto. "Las razones que argumenta el presidente, que responden a criterios políticos y económico, generan una discriminación que afecta a la competencia efectiva en el mercado, vulnerando la Ley de Defensa de la Competencia", dice Anged.
Falsa rivalidad
Con ello, según Anged, el Ejecutivo está alentando además una falsa rivalidad entre pequeñas y grandes empresa que "está absolutamente sobrepasada por la realidad del mercado global de hoy, en el que todos competimos en un mercado global con grandes plataformas digitales".
"La excepcionalidad de esta crisis exige por parte de todos, en especial, de nuestros gobernantes, de un ejercicio de transparencia a la hora de explicar sus decisiones. La mayor parte de las tiendas de nuestras empresas asociadas llevan tres meses cerradas, con casi 100.000 empleados en situación de Erte y sujetas a una situación de inseguridad jurídica extrema, con medidas discrecionales permanentes muy difíciles de manejar", según la organización.
El gran comercio ocupa de forma directa a 230.000 personas en toda España y del sector depende una cadena de valor de 30.000 millones de euros, formada principalmente por pymes de la industria y los servicios ahora también paradas. "Algunas de nuestras empresas tienen más de 9.500 proveedores españoles, también sujetos a la discrecionalidad de la decisiones políticas", recuerda Anged.
Igualdad de derechos
"Los trabajadores de nuestras empresas y sus proveedores tienen exactamente los mismos derechos que los de cualquier otra empresa. Nuestra actividad no genera mayor movilidad de personas que, por ejemplo, una gran industria, el transporte público u otras actividades de servicio, en donde sin embargo, no se ha establecido una discriminación por tamaño para que, por ejemplo, primero abran las casas rurales antes que los hoteles o las pequeñas fábricas antes que las grandes factorías", concluye Anged.
"Desde Anged hemos insistido en que las obligaciones de higiene y protección para establecimientos comerciales, empleados, clientes, así como las restricciones de aforo recogidas en la Orden de desescalada de la Fase I son absolutamente imprescindibles en la reapertura del comercio", dice la patronal. Todas las tiendas de las empresas de Anged aseguran que están preparadas para poder cumplir con los requisitos del Gobierno y avanzar en medidas complementarias más rigurosas recogidas en sus protocolos de seguridad.
