Naturgy ha presentado concurso de acreedores para su filial peruana, titular de una concesión de distribución de gas natural en tres regiones sureñas que opera desde 2017. Tras invertir unos 98 millones de euros, no puede competir con la distribución de gas en camiones cisterna y acusa al Estado de incumplir el contrato de la concesión.
Naturgy ganó la concesión en 2013. En aquel momento se planeaba la construcción del Gasoducto Sur Peruano (GSP) para expandir la red de gas natural al sur del país y la empresa -por entonces aún denominada Gas Natural Fenosa- empezó a instalar una red de distribución de gas en tres regiones sureñas, Arequipa, Tacma y Moquegua. Sus previsiones de negocio eran abastecer a casi 90.000 puntos de suministro para 2022.
En 2017 se truncó el GSP: no logró el cierre financiero, por el escándalo de corrupción de Odebrecht
La idea era nutrir la red con camiones cisterna de GNL desde la regasificadora de Melchorita, al norte, hasta que estuvieran listos el GSP y su red capilar en el sur, y construyó cinco plantas de regasificación para que descargaran los camiones, dos de ellas en Arequipa.
Sin embargo, en 2017 se truncó el GSP: no logró el cierre financiero, por el escándalo de corrupción de Odebrecht, el socio principal del consorcio constructor, participado también por Enagás, que reclama 511 millones a Perú en un arbitraje.
Ese mismo año, no obstante, Naturgy -echándole un capote al Gobierno-, empezó a abastecer su red de distribución en las tres regiones sureñas, que ya sumaba 60 kilómetros, con una flota propia de nueve camiones cisterna, con una capacidad de 66.000 litros cada uno.
Negociaciones fallidas
Pero el negocio no fue bien. Al poco, la empresa empezó a reclamar al Gobierno que regulara el transporte de GNL a granel, puesto que otras empresas también usan cisternas para suministrar GNL en el sur, perjudicando la exclusividad de su concesión, sobre todo en el segmento clave de los consumidores industriales.
Además, en el ámbito doméstico tampoco despegó el mercado -tiene poco más de 12.000 clientes-, con lo que sólo ha cosechado pérdidas: 4 millones entre 2018 y 2 millones en 2019, según reflejan sus cuentas.
En noviembre hubo un contacto directo con el Gobierno, en el que se le reclamó que cumpliera con su deber de proteger la inversión extranjera y que dotara de rentabilidad a la concesión, cuyos ingresos están regulados. Desde el principio, la empresa ha invertido más de 107 millones de dólares, unos 98 millones de euros al tipo de cambio actual.
Pero no ha habido éxito; al final, Naturgy Perú ha decidido iniciar el procedimiento concursal en la Junta General de Accionistas celebrada el pasado 12 de mayo. En un comunicado de prensa remitido localmente, afirma que se debe a la vulneración de las condiciones contractuales por parte del Estado: "los incumplimientos del contrato de concesión han impedido el desarrollo de la industria del gas natural en sur oeste del Perú".
El gerente general de Naturgy Perú, Gerardo Gómez, aseguraba que "en cumplimiento de nuestro deber de diligencia, hemos comunicado al Estado peruano nuestra intención de encontrar soluciones viables que puedan ser implementadas para asegurar la continuidad de la concesión", pero añadía que "de no tomarse ninguna medida inmediata destinada a otorgar la viabilidad de la concesión, será el Estado el encargado de garantizar la continuidad del servicio".
En Madrid, Naturgy, consultada por elEconomista, no ha querido hacer ningún comentario.
Arranca en Chile su mayor planta solar
Por otro lado, Naturgy ha arrancado en Chile las obras de su mayor planta solar, San Pedro, de 106 MW -120 MWp-, situada en la región de Antofagasta. El proyecto lo ejecuta la filial Global Power Generation -participada por KIA, el fondo soberano de Kuwait- y va de la mano del parque eólico Cabo Leonés II, de 204 MW, también en construcción.
Con ambas centrales -en el parque eólico participa Ibereólica- la compañía suministrará la energía verde necesaria para cumplir el contrato de compraventa de energía a largo plazo (PPA) que se adjudicó en la subasta de 2016. Las plantas exigen una inversión conjunta de 325 millones y deberían entrar en operación antes del 1 de enero de 2021.
