La fiscalía de Perú ha incluido a Enagás en la investigación sobre la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano (GSP), vinculada al caso Lava Jato, sobre la trama de sobornos de Odebrecht a la cúpula gubernamental del país. Enagás, que declara no tener conocimiento de ilegalidad alguna, era socia de la constructora brasileña en el proyecto, por cuya suspensión reclama al Estado peruano 411 millones en un arbitraje internacional.
Perú, como otros países latinoamericanos, lleva años investigando la trama de corrupción de Odebrecht, que afecta a la cúpula del Gobierno de Ollanta Humala, pero sin que hubiera salpicado a la adjudicación del GSP, una infraestructura de 1.080 kilómetros valorada en 6.500 millones de euros que ejecutaban la constructora brasileña, Enagás y otro socio local, Braña y Montero. Se suspendió en enero de 2017, tras saltar el escándalo, al no conseguir el cierre financiero.
Tras la suspensión, Enagás vio cómo le ejecutaban garantías financieras por 225 millones y decidió demandar al Gobierno peruano ante la Corte de arbitraje del Banco Mundial, el Ciadi, reclamando 411 millones en total, incluyendo las inversiones ya realizadas.
Este proceso internacional ha seguido su curso y el último paso se produjo el pasado 20 de enero, cuando Enagás presentó su demanda al Tribunal. Se da la circunstancia de que el Estado peruano tiene que presentar su contestación antes de que concluya el mes de mayo.
Sin indicios durante años
Durante todos estos años, de acuerdo con la información remitida por Enagás a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), uno de sus trabajadores en Perú ha estado incluido en una investigación preliminar de la Fiscalía del país, pero sin que hubiera "indicios de que las investigaciones puedan discurrir en sentido negativo para Enagás". No obstante, periódicamente han ido apareciendo informaciones en la prensa peruana que buscaban relacionar a la empresa española con la investigación.
La situación cambió el verano pasado, cuando Odebrecht decidió empezar a colaborar con el Estado peruano con relación al GSP, reconociendo -según la fiscalía- que había realizado pagos ilícitos para lograr la adjudicación del proyecto. Así lo volvió a notificar la compañía presidida por Antonio Llardén a la CNMV, señalando que había recibido la notificación correspondiente y añadiendo que no había "ningún hecho que relacionase al GSP con la corrupción".
Posible delito de colusión
Pero ahora la prensa local peruana señala que la fiscal Geovana Mori, del equipo que investiga el caso Lava Jato, ha decidido ampliar su investigación sobre GSP e incluir en ella a 31 personas, entre las que se encuentra David San Frutos, representante de Enagás en el país, sospechando que cometió un delito de colusión entre 2011 y 2015.
Según la fiscal, San Frutos, en nombre de Enagás, habría realizado dos pagos a Odebrecht, por 56 y 81 millones de euros -62 y 91 millones de dólares-, que figurarían bajo los conceptos de "nuevos aportes" y "dividendo pasivo" en el oficio del Fiscal.
Ante la información aparecida en los medios de comunicación locales, Enagás ha emitido un comunicado en Perú, en el que señala que "no ha participado ni tenido conocimiento de acto ilícito alguno con ocasión de la licitación y adjudicación internacional del proyecto GSP".
Enagás defenderá sus derechos
La empresa añade que "adoptará las medidas legales oportunas para la mejor defensa de sus derechos y las de todos sus grupos de interés y, a este respecto, la compañía reitera su compromiso de colaborar con la justicia peruana durante la investigación para el esclarecimiento de unos hechos que le son completamente ajenos".
La investigación de la Fiscalía durará 36 meses, tras los que se decidirá si se abre juicio oral o se archiva, y llama poderosamente la atención que se produzca a los pocos meses de que el Gobierno deba responder a las reclamaciones de Enagás ante la Justicia internacional.
