Bruselas ha aprobado el sistema de financiación estatal de Correos, abriendo así la puerta a que la compañía pacte con el Gobierno una aportación fija anual de hasta 180 millones para financiar el Servicio Postal Universal (SPU) y dejar atrás las pérdidas. "La Comisión Europea ha considerado que la compensación concedida por España a Correos por el desempeño de su misión de servicio público (OSU) durante el período 2011-2020 constituye ayuda compatible con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE", asegura la Comisión en un comunicado.
La compensación total para el periodo 2011-2020 asciende a los 1.280 millones de euros de los que la compañía ya ha recibido 1.219 millones, según notificó el Gobierno de Pedro Sánchez a Europa en enero de 2020. España se ha comprometido a enviar a la CE a lo largo del año las compensaciones por la OSU previstas para el período 2021-2025.
"La decisión permite que Correos siga prestando servicios postales básicos en toda España a precios asequibles, sin falsear indebidamente la competencia"
"Tener fácil acceso a los servicios postales es vital para todos los ciudadanos de la UE. La decisión permite que Correos siga prestando servicios postales básicos en toda España a precios asequibles, sin falsear indebidamente la competencia", asegura la vicepresidenta ejecutiva Margrethe Vestager, responsable de la política de competencia.
La Comisión señala así que el modelo de compensación elaborado por España para calcular el coste evitado neto del servicio postal universal "permite descartar cualquier compensación excesiva" por lo que "la medida es conforme con las normas sobre ayudas estatales de la UE". "Evitar una compensación excesiva minimiza el falseamiento de la competencia y garantiza un uso eficiente de los recursos públicos", sentencia.
"Evitar una compensación excesiva minimiza el falseamiento de la competencia y garantiza un uso eficiente de los recursos públicos"
En concreto, explica que el modelo garantiza que los descuentos concedidos a algunos clientes no incrementen indebidamente el coste neto del servicio de envío de cartas y paquetes de un determinado peso por toda España (paquete azul). "Es muy importante que el Estado no compense las pérdidas generadas por los descuentos en las tarifas de la OSU, puesto que dichas pérdidas no se deben a las obligaciones impuestas al prestador del servicio universal", abunda la Comisión.
Esta decisión incluye la desestimación de la denuncia presentada en marzo de 2019 por dos organizaciones sectoriales, que alegaban que Correos recibió ayuda estatal incompatible a través de varias medidas, entre ellas, la obligación de servicio universal. "Los denunciantes se referían, en especial, a la necesidad de evitar que los descuentos excesivos concedidos por Correos fueran compensados por el Estado español", explica la CE.
Contrato regulador del SPU
La aprobación por parte de Bruselas de la financiación estatal concedida a Correos y del método de calculo del coste neto del servicio postal es muy positiva para la empresa ya que le da "seguridad y tranquilidad" financiera de cara a los próximos años. Hay que tener en cuenta de la compañía ya fue condenada a devolver al Estado 167 millones de euros recibidos entre 2004 y 2010 porque Bruselas consideró que había recibido una compensación excesiva.
Correos calcula que el coste neto de la prestación del servicio ronda entre los 130 y los 220 millones
Y es que, para asegurar la financiación estable (hasta ahora depende de los Presupuestos), el grupo tiene que firmar con el Estado el contrato regulador que se incluye dentro del Plan del Servicio Postal Universal. La firma de dicho contrato dependía de que la Comisión Europea aprobara la metodología de cálculo del coste neto de dicho servicio. El dictamen se espera para 2019 y finalmente ha llegado en el segundo trimestre de 2020. Una vez Correos ha conseguido el dictamen positivo de la CE, el sistema tiene que ser analizado por la CNMC y el consejo superior postal.
Hasta la fecha, la aportación del Estado para pagar el servicio postal universal, que incluye asegurar que hay correo y buzones en cada pueblo de España y no es rentable, no se ha basado en compensar el coste neto del mismo, sino que ha sido aleatorio. Por ejemplo, en 2016 el Gobierno pagó 180 millones a Correos por el servicio mientras que en 2017 apenas abonó 59 millones, una situación que llevó a la compañía a perder 60,7 millones. En 2018, la aportación del Estado para compensar el SPU ha sido de 120 millones, que se ha elevado a 150 millones en 2019.
Correos calcula que el coste neto de la prestación del servicio ronda entre los 130 y los 220 millones de euros, por lo que negocia con el Ejecutivo un pago de unos 180 millones de euros anuales.
