Empresas y finanzas

Correos negocia con el Gobierno gestionar los trámites administrativos

  • Prevé firmar en 2020 el primer contrato regulador por 180 millones

Correos trabaja para diversifica su negocio y lograr la estabilidad financiera tras años en números rojos. El nuevo presidente de la compañía estatal, Juan Manuel Serrano, ha impulsado un plan estratégico con el que busca promover la expansión internacional de la firma y convertir su red de oficinas en centros de gestión de los trámites administrativos.

"El objetivo es facilitar la relación entre los ciudadanos y la Administración permitiendo que en las oficinas se pueda solicitar y tramitar la renovación de licencias, como las de pesca o caza, o realizar la entrega de documentos para, por ejemplo, responder a los requerimientos de Hacienda sin tener que acudir a la sede ni pedir cita previa", explican fuentes conocedoras del plan.

Así, Correos está negociando con el Ministerio de Administraciones Públicas que dirige Meritxell Batet convertirse un intermediario oficial de los trámites administrativos aprovechando la capilaridad de su red de oficinas. Un servicio por el que cobraría una pequeña tasa, lo que le permitiría mejorar sus ingresos y optimizar sus activos. Correos ya ha dado los primeros pasos para ser una extensión de la Administración con la venta de las etiquetas medioambientales para los coches.

La Dirección General de Tráfico (DGT) realizó un primer envío de dichas etiquetas a las direcciones que tenía en su base de datos pero visto el alto índice de fallo en las entregas, se optó por encargar a Correos que las vendiera en su red para evitar saturar las sedes de la DGT. El proyecto fue un éxito y ha ayudado a mejorar los ingresos de la compañía, que prevé cerrar 2018 con un alza de la cifra de negocio del 9,4% hasta los casi 1.800 millones. En cuanto a su relación con la DGT, Correos busca encargarse de más gestiones del organismo y llegar incluso a renovar el carné de conducir. Actualmente, algunas aseguradoras como Mutua Madrileña ofrecen el servicio de gestión del trámite de renovación del permiso, incluyendo el psicotécnico.

Además de profundizar en su relación con la Administración Pública, Correos también está investigando introducir otros servicios de empresas privadas y consolidarse como un canal de venta para servicios públicos y privados. La sociedad estatal ya tiene oficinas piloto en las que vende productos. A su vez, Correos lleva años apostando por hacerse un hueco en el comercio online más allá del reparto de paquetes. Así, la sociedad ha convertido su red en puntos de entrega y devolución de Amazon.

Servicio Postal Universal

Paralelamente a la diversificación de sus vías de ingresos, Correos trabaja junto al Ministerio de Fomento para redactar y aprobar cuanto antes el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal. El Gobierno encomendó en 2010 a la sociedad dicho servicio, que incluye asegurar que hay correo y buzones en cada pueblo de España, y casi una década después el contrato regulador, que se incluye dentro del plan, sigue sin firmarse, lo que ha llevado a la compañía a tener una financiación muy irregular que ha dependido de los Presupuestos.

Así, la aportación del Estado para pagar el servicio postal universal, que no es rentable, no se ha basado en compensar el coste neto del mismo, sino que ha sido aleatorio. Por ejemplo, en 2016 el Gobierno pagó 180 millones a Correos por el servicio mientras que en 2017 apenas abonó 59 millones, una situación que llevó a la compañía a perder 60,7 millones. En 2018, la aportación del Estado para compensar el SPU ha sido de 120 millones, que se ha elevado a 150 millones en 2019.

Correos calcula que el coste neto de la prestación del servicio ronda entre los 130 y los 220 millones de euros, por lo que negocia con el Ejecutivo un pago de unos 180 millones de euros anuales. Para asegurar la financiación estable, el grupo tiene que firmar con el Estado el contrato regulador que se incluye dentro del Plan del Servicio Postal Universal. La firma de dicho contrato depende de que la Comisión Europea apruebe la metodología de cálculo del coste neto de dicho servicio. Fuentes de Correos aseguran que Bruselas podría aprobar la metodología a lo largo del primer trimestre de 2019, permitiendo firmar el contrato de cara a 2020. Y es que, una vez consiga el dictamen positivo de la CE, el sistema tiene que ser analizado por la CNMC y el consejo superior postal. La compañía dice que con esa financiación saldría de pérdidas, que en 2018 superarán los 170 millones por el déficit de financiación y la devolución al Estado de 134 millones impuesta por Bruselas, que consideró la financiación del servicio ayudas de Estado.

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