La prohibición de hacer despidos durante seis meses desde la finalización de los Ertes, que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pactado con el Gobierno y los sindicatos, amenaza con provocar una oleada de preconcursos de acreedores. Se trata de la única vía que tienen las empresas para demostrar que atraviesan dificultades financieras y poder realizar así ajustes, sin acabar echando el cierre.
En el pacto firmado este lunes hay una cláusula que establece, en concreto, que "no resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento del empleo en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores en los términos del artículo 5.2 de la Ley Concursal".
Dificultad financiera
En la práctica, esto supone así la obligación de haber solicitado un preconcurso para poder hacer despidos. Y es que, aunque formalmente, no se va a requerir la presentación ante un juzgado, las condiciones en las que se incurre son las mismas, por lo que será la única manera de evitar un concurso forzoso, según establece la legislación.
No obstante, también, para intentar evitar esto, en el acuerdo se establece que en lugar de hacer ajustes hay que apostar por incorporar a toda la plantilla, aunque con reducción de jornadas, y se atenderán las condiciones especiales de sectores con alta temporalidad. "Las empresas deberán proceder a reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal de empleo en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada", se asegura en concreto en una de las cláusulas.
Críticas a Garamendi
Con todo ello, y aunque Garamendi tiene aún apoyos en el seno de la CEOE, son cada vez más las voces críticas. De momento, se ha enfrentado no solo a las patronales de Madrid y Cataluña, Ceim y Foment del Treball, sino también a sectores con un gran peso en la economía española, como el motor, el turismo, la hostelería o el comercio, que advierten de que se ha dejado a las empresas entre la espada y la pared.
La catalana Foment del Treball, por ejemplo, ha emitido un comunicado en el que considera que "el acuerdo con el Gobierno es insuficiente y perjudicial para las empresas".
Según esta organización, "la prórroga de los Ertes por fuerza mayor hasta el 30 de junio es insuficiente", insistiendo en que ""as obligaciones y sanciones para las empresas previstas durante los seis meses posteriores a la reanudación de la actividad son contraproducentes y desproporcionadas".
En la misma línea, y aunque ha firmando el pacto para evitar que se rompa la unidad empresarial, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha señalado a Efe que "la cláusula del mantenimiento del empleo para las empresas que se acojan a un Erte nos puede llevar a la liquidación y al cierre". Cuerva insiste en que "solo con los Ertes no vale" y reclama al Gobierno "medidas ambiciosas para mantener el tejido productivo".
En la misma línea también, Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, la patronal de los concesionarios, explica que "hay muchas empresas que aún no han podido iniciar ni siquiera la actividad en muchas partes de España, como los concesionarios, pero también muchos establecimientos de hostelería o comercio", por lo que plantear que los Ertes por causa de fueza mayor concluyan el 30 de junio -la fecha prevista en el pacto- es "absurdo". Según Pérez, "si a esta situación se le añade la prohibición de realizar despidos, es insostenible y a muchas compañías no les quedará más remedio que presentar preconcurso de acreedores".
En la misma línea también, Hostelería de España, que ha advertido de cierre de hasta 40.000 locales insiste en pedir que los Erte se alarguen. "Necesitamos que se puedan extender al 31 de diciembre", explica Emilio Gallego, el secretario general de la patronal.
Hay una cláusula que establece que habrá flexibilidad con los sectores en los que hay una alta estacionalidad, como es el caso de la hostelería y el turismo.
Eduardo Zamácola, presidente de la patronal textil Acotex, señala por su parte que "la ampliación de los Ertes solo hasta el 30 de junio nos parece un grave error" y advierte de que "es absurdo pensar que no va a haber despidos después de meses sin tener ingresos y con numerosos gastos fijos que no se pueden atender".
El Gobierno ha flexibilizado, por otro lado, las condiciones para que se puedan realizar despidos en los seis meses posteriores a la finalización de los Erte por causa de fuerza mayor. En el acuerdo firmado con los sindicatos, CEOE y Cepyme, hay una cláusula que establece que habrá flexibilidad con los sectores en los que hay una alta estacionalidad, como es el caso, por ejemplo, de la hostelería y el turismo.
En concreto, esta cláusula establece que "este compromiso de mantenimiento del empleo se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo".
Concursos y quiebras
Pese a todo, tanto la hostelería como el comercio alertan de concursos, quiebras y cierres masivos. La patronal Hostelería de España aseguró recientemente que podrían cerrar alrededor de 40.000 locales, lo que supone un 15% del total de los existentes en España. No obstante, su presidente, José Luis Yzuel, elevó posteriormente esa cifra hasta incluso el 30%, lo que implicaría 80.000 cierres. Sin ayudas y con los préstamos avalados por el ICO que siguen sin llegar al sector, para Yzuel, "la hostelería puede acabar finalmente como el carbón".
El sector reclama que haya una bajada del IVA al igual que se ha hecho en Alemania o que se establezcan créditos blandos, como ocurre por ejemplo en Francia.
Respecto al comercio, tanto la patronal textil Acotex como la Confederación Española del Comercio (CEC) insisten en reclamar también la suspensión de los alquileres y un paquete de ayudas para evitar cierres masivos en el sector. Desde Acotex se calcula que hasta 100.000 pequeños negocios podrían acabar en situación de insolvencia y liquidación.
