Madrid
El Ministerio de Sanidad ha realizado compras a dedo por 404 millones de euros para hacer frente al coronavirus, tal y como se desprende de los datos publicados en la Plataforma de Contratación del Estado y el BOE.
El departamento de Salvador Illa asumió el 14 de marzo el control para la compra de material sanitario, lo que se convirtió en una decisión errónea que acabará previsiblemente en los tribunales por el elevado número de profesionales sanitarios que han acabado contagiados durante la pandemia.
La situación ha alcanzado tal extremo que hasta algunos ministerios como Defensa, Hacienda, Trabajo y Seguridad Social han optado por comenzar a contratar por su cuenta la compra de mascarillas o equipos de protección individual para su personal, tal y como se desprende de los pocos contratos que se han ido haciendo públicos.
Defensa ha realizado varias adquisiciones para hacer frente a las necesidades de la 'Operación Balmis' en la que han participado más de 155.000 componentes de las Fuerzas Armadas. Estos efectivos han realizado unas 18.500 intervenciones, en más de 2.300 poblaciones. Se han realizado más de 10.550 desinfecciones, unas 5.100 intervenciones en residencias, más de 3.100 actuaciones en hospitales y centros de salud y 1.100 intervenciones en centros sociales.
'Operación Balmis'
Para ello, Defensa ha cerrado una serie de contratos con un nutrido grupo de proveedores en los que sorprendentemente sólo uno coincide con los utilizados por Sanidad (Drager) y ha destinado varios millones de euros a compras - también 'a dedo'- a empresas como Iturri, Vallforest Tecnologías Forestales, Ferretería Ferayu, Química del Cinca, Isso, Textil Distribuidora, Proyectos Industriales Duanvel, Microclean, Laboratorios Zotal, Laborat, Gamma Solutions o Makro, entre otras. Aunque quizá el contrato más llamativo de Defensa es el adjudicado el 30 de enero sin publicidad para la compra de antirretrovirales a Gilead por 1,4 millones de euros y anunciado el 19 de marzo.
Defensa adquirió antirretrovirales en el mes de enero en un contrato sin publicidad
El Ministerio de Trabajo, encabezado por la podemita Yolanda Díaz, ha cerrado también un contrato para realizar análisis de detección del Covid 19 por 125.000 euros con la empresa Quirón Prevención.
Hacienda, por su parte, ha comprado a El Corte Inglés una partida de mascarillas para la Delegación de la Agencia Tributaria en Madrid por 103.500 euros.
En el caso del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, se realizó una adquisición de equipos de protección individual para la delegación del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Sevilla con Grupo de Compras y Eventos por 21.720 euros y con Hiprosol de Andalucía por 2.200 euros. Asimismo, se ha celebrado otro acuerdo para la Delegación del INSS en Barcelona para dotarles de mascarillas compradas a Palex Medical y de biombos y mamparas a El Corte Inglés. Todas estas compras han aparecido perfectamente documentadas en el BOE y llegan después de que el departamento de Sanidad encargado de las compras, Ingesa, haya tenido serios problemas para realizar las adquisiciones necesarias, frente a las consejerías de Sanidad que llevaban años resolviendo la compra de medicamentos y material sanitario.
Esta situación provocó que Ingesa tuviera que abrir la mano para permitir a los gobiernos autonómicos realizar sus adquisiciones ante el fuerte incremento de contagios que se estaban detectando y la cada vez más patente falta de preparación del Gobierno.
La Organización Mundial de la Salud lanzó alertas desde finales de enero y la Comisión Europea incluso celebró reuniones a las que el ministro español ni tan siquiera había acudido.
Posteriormente, ante el fracaso en las compras, un buen número de empresas del Ibex 35 pusieron su capacidad de compra a disposición del Gobierno y realizaron importantes donaciones por cientos de millones de euros.
El Gobierno aprendió rápido los usos y costumbres en el mercado chino, que obligaban a realizar pagos por adelantado para hacerse con el material necesario y modificó la normativa de contratación para poder cerrar estas compras.
Con este escenario, el Ejecutivo decidió suspender la publicidad de los contratos para acelerar la llegada de un material imprescindible.
Ingesa optó entonces por recurrir a todo tipo de compañías que les ofrecían material, aunque acabó comprándolo en muchos casos a empresas sin experiencia o dedicadas a la parafarmacia.
Exteriores, no obstante, asegura que la embajada de España en Pekín facilitó la compra de material sanitario a China desde el principio de la emergencia sanitaria tras identificar a los "mejores proveedores" en ese país, según asegura la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno, en una respuesta remitida a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
Sanidad comenzó entonces a ocultar los detalles de las compras. El ministro Illa evitaba dar los detalles de los contratos, al igual que esta semana con los expertos de las fases de la desescalada.
El Gobierno cerró el acceso a los datos oficiales en el portal de transparencia y la plataforma de contratación pública hasta que Hacienda tuvo que recordarles que la concesión sin publicidad de un contrato no exhimía de su posterior publicación tanto en la Plataforma del ministerio de María Jesús Montero como en el propio Boletín Oficial del Estado. A partir de ese momento, a mediados de abril, comenzaron a conocerse estos contratos con empresas chinas de las que no se contaba ni con la dirección para realizar el pedido o compañías de cosmética que lo único que habían logrado era importar a España producto que no cumplía con las características prometidas.
El CSIF tuvo incluso que denunciar la aparición de mascarillas defectuosas en varias comunidades autónomas, hasta que logró que fuesen retiradas y reclamó al Gobierno y a las CCAA que pusieran en cuarentena y realizaran test a los profesionales de la Sanidad que las utilizaron. Ahora, los servicios jurídicos de CSIF incorporarán esta información junto con la carta de Exteriores a la querella que ultiman ante el Tribunal Supremo.
El 13 de abril, con la pandemia en lo alto de la curva, Sanidad firmó un acuerdo con Aenor para la inspección pre-embarque de material. Antes de su expedición, los inspectores comprueban el cumplimiento de los requisitos de control locales y del etiquetado que corresponda; como el Marcado CE o las normas equivalentes. Asimismo, se verifican aspectos como el embalaje, conformidad con la factura y que la carga responde a lo contratado en destino para evitar las mascarillas y test defectuosos.
