Empresas y finanzas

Las infraestructuras tendrán que prever el coste del cambio climático durante toda su vida útil

  • El Gobierno lanza un Plan de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 sin financiación específica
  • Usará 28 indicadores objetivos, del reparto estacional del turismo al pago de indemnizaciones
Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica. Foto: Archivo.

El Gobierno revisará la normativa para que las infraestructuras de transporte -desde carreteras hasta puertos- tengan en cuenta los impactos y los costes que pueden sufrir durante toda su vida útil por culpa del calentamiento global, de acuerdo con una metodología aún por definir. La medida se incluye entre las 81 líneas de actuación del borrador del segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), publicado hoy.

El cambio climático es cada vez más evidente en España: la temperatura media ha subido 1,7º centígrados desde la época preindustrial, el verano se ha alargado cinco semanas en los últimos cuarenta años y las zonas semiáridas han crecido más de 30.000 kilómetros cuadrados desde el cambio de milenio. Además, el proceso se está acelerando, con implicaciones económicas, sociales y naturales que conviene anticipar.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y titular del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), Teresa Ribera, lo explica así: "clima, naturaleza y biodiversidad están estrechamente conectados, pero sabemos también que el modo en que vivimos, las infraestructuras, los espacios comunes en las ciudades, la salud, la economía y los sectores productivos dependen enormemente del estado de salud del clima".

Teresa Ribera: "el modo en que vivimos, las infraestructuras, los espacios comunes en las ciudades, la salud, la economía y los sectores productivos dependen enormemente del estado de salud del clima"

Por eso, el Miteco ha diseñado un PNACC que busca construir una economía y una sociedad menos vulnerables a los riesgos del cambio climático, como la expansión de las enfermedades tropicales -cita dengue, chikungunya y zika- o el aumento de la intensidad de las inundaciones y otros desastres naturales. Con vistas al período 2021-2030, se trata del segundo Plan de sus características, tras uno primero, elaborado en 2006, que ha transcurrido sin pena ni gloria.

El documento no prevé ningún tipo de financiación específica para su cumplimiento, que fía a los presupuestos ordinarios de los ministerios y entidades públicas encargados de aplicar las medidas, así como a lo que aporte la UE, ya sea con el anunciado Pacto Verde Europeo -cuyos dineros están pendientes de concretarse-, o con las herramientas habituales: el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Agrícola de Garantía, el Programa LIFE, las líneas del Banco Europeo de Inversiones…

Por primera vez se incluyen abundantes indicadores objetivos

En todo caso, el nuevo Plan es un importante avance con relación al anterior, por la profusión de indicadores objetivos que se usarán para aplicar las medidas -desde las temperaturas hasta el reparto estacional del turismo, pasando por el número de desplazados por eventos climáticos, la superficie afectada por incendios forestales o el pago medio de las indemnizaciones por riesgos extraordinarios-, como por la amplitud de los ámbitos contemplados y la obligación de realizar seguimientos y evaluaciones periódicas.

Concretamente, el PNACC anuncia 81 líneas de actuación en 18 ámbitos, abarcando desde la industria y los servicios, hasta la educación -incluye un plan específico- o el sistema financiero y la actividad aseguradora, sin olvidar el urbanismo, la energía o el patrimonio cultural.

Así, aparecen medidas ya previstas, como los cambios en la legislación sobre el dominio público marítimo-terrestre -que incluirán una mayor flexibilidad a la hora de revisar las concesiones, para limitarlas o reducir sus plazos- o la elaboración de estudios y proyecciones sobre los cambios climáticos en las distintas regiones del país.

Pero también hay otras nuevas con grandes implicaciones, como la obligación de que todas las infraestructuras de transporte prevean el coste del cambio climático durante toda su vida útil, para lo que se modificarán sus normas de diseño, los pliegos de los concursos públicos o las guías de buenas prácticas. Un nuevo sistema de observación y seguimiento contribuirá a mejorar su resiliencia, tanto en el caso de las obras de nuevo cuño como de las existentes.

Seguimiento y evaluación de recursos hídricos

En otro de los ámbitos más sensibles, la energía, se integrará en la planificación los cambios previstos en los recursos hídricos, en el comportamiento de las centrales o en la evolución de la demanda, donde, por ejemplo, se prevé que los grados-día de refrigeración subirán un 14% hasta mediados de siglo.

Por poner un último ejemplo, en las finanzas se diseñarán incentivos y se modificará la normativa para integrar la prevención de riesgos en la actividad aseguradora y se considerará la adaptación en los productos financieros verdes, entre otras medidas.

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