La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) defiende implantar la tarificación de la red de autovías interurbanas de España, compuesta por 14.130 kilómetros, para paliar las ineficiencias del modelo de financiación actual de las carreteras de alta capacidad.
El último planteamiento de la organización que preside Julián Núñez, presentado el pasado mes de marzo, discurre por introducir peajes en la red de alta capacidad de 9 céntimos para los vehículos ligeros y de 19 céntimos para los pesados, unos niveles que son los que existen hoy de media en la Unión Europea (UE). Representa un incremento sustancial respecto a la propuesta que lanzó el año pasado, de 3 céntimos y 14 céntimos, respectivamente.
La propuesta de Seopan supone un pago inicial por parte de las concesionarias de 5.614 millones y el pago anual de un canon de 4.827 millones
La nueva propuesta, que es en todo caso una aspiración de máximos, podría acometerse a través de dos fórmulas. En ambas implica concesionar la operación y conservación al sector privado durante un periodo de 25 años. En el primer caso, las empresas acometerían un pago inicial de 104.000 millones de euros. Se trata de una opción de difícil aplicación y que no encuentra precedentes en otros países.
El segundo, más realista, supone un pago inicial por parte de las concesionarias de 5.614 millones y el pago anual de un canon de 4.827 millones. En ambos modelos se añadiría un impacto positivo para las arcas públicas de 4.698 millones por la recaudación de IVA, Impuesto de Sociedades e Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), y el ahorro de unos 850 millones al año que la Administración debería destinar al mantenimiento de estas vías. El coste inicial de instalar los pórticos (sistema sin barreras) en las carreteras superaría los 1.000 millones.
La tarifación de la red de carreteras de alta capacidad es una demanda recurrente del sector privado que cada vez se hace más imperiosa, a su juicio, por el creciente gasto social (pensiones, educación y sanidad principalmente) y por la consolidación fiscal a la que obliga Bruselas. Los Presupuestos se tornan insuficientes para cubrir las necesidades de conservación, que aumentan con la reversión de las concesiones que vencen desde 2018.
Así lo demuestra el progresivo crecimiento del déficit acumulado, que supera los 7.000 millones de euros. Seopan considera que "el transporte privado tiene necesariamente que financiar el transporte público".
La patronal de las grandes constructoras y concesionarias ya ha trasladado sus propuestas al Ministerio de Transportes, que trabaja en una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Urbano. El ministro José Luis Ábalos tiene abierta la puerta al debate sobre la instauración de peajes blandos, si bien para tomar cualquier movimiento en este sentido quiere contar con el apoyo del resto de grupos parlamentarios. "Dentro de la Estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada, uno de los puntos en los que estamos trabajando es en la elaboración de la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Urbano. Queremos que esta Ley establezca normas y procedimientos claros para seleccionar inversiones, fijar la financiación del transporte público, resolver las inconsistencias del modelo viario, profundizar en la normativa de seguridad, fijar principios y responsabilidad de colaboración entre administraciones y avanzar en la sostenibilidad financiera de las infraestructuras de transporte, entre otros aspectos clave para nuestro país" afirmó en febrero pasado.
Ingresos para ODS
Los 104.000 millones estimados por Seopan podrían permitir enfrentar las necesidades de inversión en infraestructuras para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que la patronal cuantifica en 103.000 millones.
