Las restricciones a la movilidad establecidas por el Gobierno para la incorporación de parados a las labores agrícolas dificultará al máximo la medida. Los trabajadores deberán ser del término municipal o colindantes para evitar largos desplazamientos, lo que según explican fuentes del sector, dificultará, en gran medida, la recogida de las cosechas.
Todo ello además de incrementar el gasto público en plena crisis. El Gobierno atendió el martes las reclamaciones de las organizaciones agrarias y aprobó en el Consejo de Ministros un real decreto por el que se incorporará a parados e inmigrantes, con permisos de residencia, para paliar la falta de mano de obra en el campo, pero lo hace manteniendo los subsidios.
En un contexto marcado por la crisis generada por la pandemia del coronavirus, el objetivo, tal y como informó el ministro de Agricultura, Luis Planas, es la incorporación de entre 75.000 y 80.000 personas, que mantendrán en todos los casos los subsidios que estén ya cobrando. La única excepción a esta compatibilización es la de las ayudas económicas a causa del coronavirus, como las de despidos por ERTEs.
"En una situación de normalidad, las cuadrillas de trabajadores se desplazan de un lugar a otro para ir atendiendo la demanda de las labores del campo. Está claro que si impide la movilidad entre municipios, va a resultar todo mucho más complicado", explican desde la asociación Cooperativas Agroalimentarias. Y no se trata tampoco de la única incertidumbre que hay ahora mismo sobre la mesa. Hay dudas también de que sea suficiente, teniendo en cuenta que desde un primer momento se planteó ya la necesidad de incorporar, al menos, a 100.000 trabajadores no solo a las labores agrícolas, sino también ganaderas.
El ministro Planas ha reducido el número de trabajadores que necesita la agricultura española a entre 75.000 y 80.000. Según el dato anterior, que él mismo había hecho público y que los estimaba entre 100.000 y 150.000, se refería al número total de contratos "ya que un mismo empleado puede tener varios a lo largo de la temporada". Estos contratos, en todo caso, serán por escrito, con salarios de convenio o SMI y con el abono mediante transferencia bancaria.
La cadena funciona
Planas ha insistido en que el funcionamiento de la cadena alimentaria ha sido "correcto" y la situación "de práctica normalidad", pero ha justificado estas medidas en la existencia de problemas derivados de la acción del estado de alarma por la restricción de movimientos que afecta muy seriamente al mundo agrario por las tareas de carácter estacional.
"Desde la segunda quincena de marzo hasta finales de septiembre se realizan numerosas tareas agrícolas de aclareo, recogida o manipulado de frutas y hortalizas", ha manifestado.
El Gobierno español ha replicado una medida similar a la adoptada a finales de marzo en Francia. El ministro de Agricultura del país vecino, Didier Guillaume, hizo un llamamiento similar a los parados franceses, especialmente a todos aquellos profesionales que se han quedado sin trabajo como consecuencia del confinamiento y ha conseguido reclutar a más de 130.000 trabajadores.
