Distribución

Agricultura se moviliza y pide ayuda a Trabajo para llevar a 100.000 parados a trabajar en el campo

  • El cierre de fronteras imposibilita la llegada de inmigrantes
  • La fresa necesita de forma urgente 17.000 trabajadores
  • El sector pide también regularizar a inmigrantes sin papeles
Foto: Archivo.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha puesto en marcha un plan de rescate para el campo español. En colaboración con el ministerio de Trabajo, Planas está tratando de movilizar a trabajadores en situación de desempleo para que se puedan incorporar cuanto antes a las labores de recogida de la cosecha, una labor para la que, según alertaron ayer en este periódico organizaciones como Asaja o Cooperativas Agroalimentarias, urge la incorporación de 100.000 personas.

Una de las opciones que se está barajando es la incorporación de personas de otros sectores, como la hostelería, el turismo o el comercio, que se han quedado en situación de desempleo como consecuencia de un Erte (Expediente de Regulación Temporal de Empleo). Se trataría de buscar una salida jurídica para que puedan seguir cobrando la prestación al tiempo que desempeñan otras funciones en la agricultura o la ganadería.

Agricultura busca soluciones

Desde el departamento que dirige Luis Planas confirman que se está trabajando ya en posibles soluciones. "El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es consciente del problema de la falta de mano de obra en el campo" y que "el cierre de las fronteras imposibilita la llegada de trabajadores de otros países", aseguraron este martes fuentes oficiales.

"El Ministerio está reflexionando sobre la mejor manera de abordar este problema para encontrar una solución pronto, sobre todo, porque en breve comenzarán las campañas de la fruta de temporada (como por ejemplo la fruta de hueso). Una posible solución sería la contratación de trabajadores del entorno local, personas que en estos momentos se encuentren sin ocupación y que podrían colaborar en estas tareas", aseguran.

Planas replicaría de este modo la iniciativa adoptada ya en otros países, como Francia. La semana pasada, el ministro de Agricultura del país vecino, Didier Guillaume, hizo un llamamiento similar a los parados franceses, especialmente a todos aquellos profesionales que se han quedado sin trabajo como consecuencia del confinamiento. Se trataba, según dice Guillaume, de crear lo que denominó la grande armée, un gran ejército de la agricultura.

El ministro francés, que apeló a la solidaridad de todos los ciudadanos, ha lanzado una página web y una aplicación con el objetivo de reclutar a 200.000 personas y, de momento, ha conseguido ya la incorporación de más de 130.000 trabajadores para las labores agrícolas y ganaderas.

En España, aunque se estima que hacen falta unas 100.000 personas, hay trabajos, como la recogida de la fresa en Huelva, que requieren de forma urgente al menos 17.000 trabajadores. Gabriel Trenzado, director técnico y responsable de relación con la UE e Internacional de Cooperativas Agroalimentarias fue uno de los primeros en advertir del problema al segurar que "es urgente la incorporación de parados e incluso regularizar a trabajadores inmigrantes que estén ahora sin papeles para poder darles de alta y que sumen a los trabajos, además de eliminar burocracia y facilitar las contrataciones en origen una vez que se levante el Estado de Alarma".

Facilitar las contrataciones

Es una idea que comparte también, Pedro Barato, presidente de Asaja. "Se trata de facilitar la contratación y adoptar medidas como las que están tomando otros países como Francia o Portugal porque hay una gran demanda de mano de obra y al mismo tiempo un alto nivel de desempleo, con parados de larga duración, sobre todo en Andalucía o Extremadura, para los que habría que facilitar una salida".

Otra de las opciones que plantean las organizaciones agrarias es la regularización para labores de emergencia en el campo de inmigrantes sin papeles. De hecho, el Gobierno de Portugal ha tomado ya la decisión de regularizar, ante la crisis del COVID-19, a todos los inmigrantes que hubieran solicitado permiso de residencia, con el fin de garantizar los derechos de todos los ciudadanos que están en el país.

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