La socimi Colonial, una de las mayores propietarias de edificios de oficinas en Madrid y Barcelona, se suma a la iniciativa de flexibilizar los cobros de las rentas y anuncia que su política pasa por "diferir cualquier pago inmediato para aquellas pequeñas compañías que puedan tener dificultades financieras".
Según explica la patrimonialista que preside Juan José Brugera, el impacto de la crisis del coronavirus "en la actividad inmobiliaria de Colonial, así como en la economía en general continua incierto y, con difícil predicción". Por ello, la compañía reconoce que han "revisado nuestros criterios y políticas de inversión de acuerdo con un contexto más prudente".
Colonial reconoce que "actualmente, la crisis del Coronavirus está impactando en nuestra cartera de proyectos y se esperan retrasos puntuales en algunos de ellos". Así la compañía ha decidido posponer su programa de capex en 60 millones de euros para el próximo año. Esta cifra supone el 40% de la inversión total de 150 millones que tenía previsto ejecutar este año en rehabilitación y desarrollo de edificios.
Esta decisión afecta en particular en su proyecto estrella en Méndez Álvaro donde desarrolla un campus de oficinas con una parte de residencial, "con sólo 90 millones de euros pendientes para el año 2020". En este sentido, la compañía apunta que "no se prevén penalizaciones relevantes o pasivos vinculados a los retrasos".
A pesar de ello, desde Colonial apuntan que "la cartera y su actual liquidez y solvencia permiten al grupo afrontar y gestionar de forma óptima esta situación". Así, la socimi explica que debido a la "la alta calidad de nuestros clientes", entre los que destaca "inquilinos de primer nivel como McKinsey, Freshfields, Netflix, Facebook, Naturgy, Exane y GRDF entre otros", ninguno de sus inquilinos les ha planteado hasta el momento, ninguna contingencia significativa.
Si bien, Colonial reconoce que podrían esperar "solamente algún impacto en el segmento de pequeñas empresas del sector retail y ocio". Estas empresas "representan menos del 2% de nuestras rentas de alquiler. En estos casos, nuestra política es diferir cualquier pago inmediato para aquellas pequeñas compañías que puedan tener dificultades financieras", explica la socimi en un comunicado a la CNMV.
