El Banco Santander defiende su marcha atrás en la decisión de nombrar a Andrea Orcel como consejero delegado de grupo bajo el argumento de que el contrato no fue ni aprobado ni firmado por el consejo de administración del grupo. Según reseña la entidad en su informe anual de 2019, publicado este viernes, la decisión de rectificar la contratación del banquero italiano fue posible porque el contrato "no había sido firmado ni aprobado por el consejo, ni incorporado a la correspondiente acta, tal y como resulta exigible". Además, el banco señala que el nombramiento tampoco fue aprobado por la junta de accionistas de la entidad.
El Santander anunció el fichaje de Orcel, procedente de la filial británica de UBS, en septiembre de 2018. No obstante, en enero de 2019 acordó dejar sin efecto el anuncio. La entidad asegura que este cambio de postura se debió a la modificación de las bases sobre las cuales se había adoptado la decisión y porque los costes de compensación al italiano por sus remuneraciones pasadas "excedían" los esperados al acordar su nombramiento. Según el banco, el fichaje estaba condicionado "a la obtención de las autorizaciones pertinentes de evaluación de idoneidad, a la adopción por la junta de accionistas de los acuerdos oportunos en relación con su futura remuneración y a la terminación de la vinculación contractual que le ligaba a su anterior empleador".
Orcel demandó a la entidad por cambiar de decisión y le reclama en los tribunales españoles 112 millones de euros de indemnización además de su incorporación como consejero delegado del grupo. El Santander ha contestado a la demanda que el nombramiento no llegó a ser efectivo por no cumplirse las condiciones a las que estaba sometido y que el contrato requerido por la ley para el desempeño de la función no llegó a perfeccionarse.
