Juan Lazcano ha renovado recientemente para un nuevo mandato al frente de la Asociación Española de la Carretera (AEC). Afronta esta nueva etapa en un momento trascenden para la red viaria española. El también presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) tiene claro que "la carretera se la juega" en esta legislatura porque el modelo de financiación por la vía presupuestaria para su conservación se ha demostrado ineficaz. Reclama, en esta línea, mayores recursos en el corto plazo para combatir el déficit, y la implatanción de un peaje blando por kilóemtro recorrido en todas las vías de alta capacidad en España.
¿Qué piden desde la AEC al nuevo Gobierno?
Hay que encontrar un sistema de financiación para la conservación, encaminado a la implantación de la tasa por uso para toda la red de alta capacidad y que sea finalista, que sirva para mejorar las infraestructuras y el transporte. Cada vez es más necesario porque se están liberando los peajes de las autopistas cuando caduca su concesión. En 2021 tendremos 1.100 kilómetros (incluye la Iberpistas, Aumar y Acesa) menos de autopistas de peaje y, por lo tanto, tenemos una necesidad adicional de conservar. Con el pago por uso se liberarán estos costes de los Presupuestos y se podrán atender otros gastos sociales en dependencia, educación, sanidad y pensiones.
El nuevo Gobierno debe tener en consideración que la carretera es un servicio imprescindible para el normal funcionamiento de un país, es el servicio público esencial para la movilidad y la accesibilidad y es, en definitiva, el cuarto pilar del estado de bienestar. Tenemos unas infraestructuras maduras, pero para aumentar la competitividad hay que disminuir las emisiones y la congestión y conservar las carreteras.
"La expectativa es que la partida para conservación no sea inferior a los 1.000 millones"
¿Qué modelo de tarificación plantea?
El modelo de tarificación de la directiva europea, que supone un peaje blando por kilómetro recorrido. Los vehículos ligeros pagarían 3 céntimos por kilómetro y el transporte pesado según la carga de contaminación entre ocho y 13 céntimos. Se aplicaría a los 26.000 kilómetros de las vías de alta capacidad y las paralelas. Con estos valores se podrían recaudar alrededor de 4.500 millones de euros anuales para conservación de carreteras, obras y ayudas al transporte.
¿Esperan esta medida con Unidas Podemos en el Ejecutivo?
En los contactos que hemos tenido con los diferentes partidos políticos todos entienden el problema y que hay que encontrar una solución, incluido Unidas Podemos.
¿Cuándo podría aplicarla?
El tiempo que tarden en sacar la Ley de Movilidad y pactarla con los partidos políticos, ese sería el plazo.
¿Cuál es el coste de conservación de la red estatal?
Según nuestros cálculos, son necesarios 1.500 millones de euros durante dos legislaturas para reducir también el déficit que se ha acumulado en los últimos años y que es de más de 7.000 millones.
Los PGE fallidos de 2019 fijaban un importe de unos 1.000 millones de euros para esta partida. ¿Qué esperan de las próximas cuentas públicas?
La expectativa es que no sea inferior a esa cifra. Basándome en las declaraciones tanto del ministro de Transportes (José Luis Ábalos) como del secretario de Estado (Pedro Saura) de que el presupuesto para carreteras debe invertir el gasto de infraestructuras dando prioridad a la conservación, invita a pensar que incluso pueda ser una cifra mayor que esa.
Con la vía presupuestaria agotada, ¿la única opción es el pago por uso?
Sí. Pero el pago por uso hay diferentes métodos y criterios. El que preconiza la UE es el de por kilómetro recorrido, pero hay países que tienen la viñeta.
"Me gusta mucho el modelo de Alemania, que creó una empresa pública para gestionar toda la tarificación"
¿Qué coste tendría la implantación de los peajes?
Tenemos una estimación de una inversión mínima de 300 millones y una máxima de 500 millones, con un mantenimiento cercano a los 300 millones anuales.
¿La tarificación la harían actores privados o públicos?
Me gusta mucho el modelo de Alemania, que creó una empresa pública para gestionar toda la tarificación, tanto la recaudación como la inversión. Y es finalista para las infraestructuras y el sistema de transporte.
¿Abogáis por que lo haga Seittsa?
Sí. Y las comunidades autónomas que tarifiquen pueden crear la suya y coordinarse o que se lo gestione la propia Seittsa.
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