El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado luz verde a la nueva regulación de la distribución de seguros, con la que se persigue ofrecer más transparencia e impulsar la protección del consumidor cuando adquiera o contrate productos de seguros. El Consejo de Ministros aprobó el martes 4 de febrero el Real Decreto-ley que transpone la Directiva 2016/97 sobre la distribución de seguros con casi dos años de retraso sobre su entrada en vigor, a la que el resto de los países comunitarios ya estaban adaptados.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital señala en un comunicado que "el Real Decreto-ley atiende a la necesidad de cumplir con el mandato europeo, pues el plazo de transposición está ya vencido, al tiempo que se garantiza la protección de los usuarios de seguros".
El objetivo de la Directiva es maximizar la protección del asegurado a la hora de comprar o contratar soluciones aseguradoras. Y para ello se elevan las exigencias de información y transparencia del seguro y se homogeneizan las exigencias a los diferentes distribuidores.
Las exigencias en información y transparencia se traducen en la obligación de entregar un documento de información previa a la contratación en el que se detallen todas y cada una de las características del seguro, así como las coberturas incluidas y las excluidas en el contrato. De esta manera, Asuntos Económicos considera que "se garantiza el máximo nivel de protección a los clientes de seguros, cualquiera que sea el canal comercial a través del cual adquiera un producto de seguro, y se mejora la transparencia en la comercialización de estos productos".
Norma "demasiado exigente"
Sin embargo, no son pocas las voces en el sector asegurador que señalan que un exceso de información podría derivar en desinformación; y se tiene la sensación de que la Comisión Europea ha querido arreglar los problemas ocasionados por la banca en la comercialización de determinados productos en una norma "demasiado exigente" para el sector asegurador.
El distribuidor de seguros -que, según la nueva normativa, además de agentes y corredores son los empleados de las compañías cuando vendan seguros de forma directa- deberá informar a sus clientes de todos los costes, gastos y riesgos que asume en los productos de inversión basados en seguros, como los unit linked. Además, se establece la obligación de realizar un análisis de idoneidad periódico del producto de inversión. El perfil de riesgo del cliente deberá adecuarse en todo momento a las características de los seguros de ahorro inversión que tenga contratados. El incumplimiento de esta obligación supondrá una importante sanción para el distribuidor de seguros.
Ventas vinculadas
La Directiva regula, también, las ventas combinadas y vinculadas. Aunque la venta de seguros junto a créditos hipotecarios queda regulada expresamente por la Ley Hipotecaria. Así, cuando un contrato de seguro forme parte de un paquete en el que se ofrezcan otros servicios o productos, el distribuidor de seguros deberá informar al cliente de si los distintos componentes pueden adquirirse de forma separada y ofrecerá una descripción adecuada de los diferentes productos y de sus costes unitarios.
Antes de la contratación, el distribuidor informará al usuario "de manera expresa y comprensible" de los efectos que no contratar o cancelar de forma anticipada el seguro o cualquiera de los productos vinculados causaría sobre el coste conjunto del seguro y el resto de los productos.
Para la presidenta del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros, Elena Jiménez de Andrade, la aprobación del Real Decreto-ley "es una buena noticia porque elimina la inseguridad jurídica en la que nos encontrábamos, que no era buena para nadie".
Jiménez de Andrade añade que "la Directiva de Distribución de Seguros nos equipara al resto de Europa y contribuye a establecer unas condiciones de competencia iguales para todos los distribuidores de seguros que operan en el mercado".
La nueva ley, además, obliga a los comparadores de seguros a contar con el respaldo de un mediador y regula la figura del mediador de seguros complementarios
La nueva ley se aplica a todos los distribuidores de seguros, incluyendo a todas las compañías de seguros y reaseguros y sus empleados que distribuyen seguros directamente, a más de 3.300 corredores de seguros y 72.000 agentes sujetos a la supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y a los 1.740 corredores de seguros sujetos a la supervisión de las comunidades autónomas.
La nueva ley, además, obliga a los comparadores de seguros a contar con el respaldo de un mediador y regula la figura del mediador de seguros complementarios, aquel cuya actividad principal no es la venta de seguros, pero ofrece coberturas ligadas a sus productos.
