El Gobierno se ha comprometido a volver a inspeccionar los precios del mercado agrícola después de siete años sin hacer nada al respecto. Fue en el año 2013 cuando el Observatorio del Precio de los Alimentos, impulsado por Miguel Arias Cañete, entonces de ministro de Agricultura, se reunió por última vez para inspeccionar con detalle el incremento de los costes a lo lago de la cadena y adoptar las medidas necesarias para atajar las crisis de rentabilidad en el campo.
Con la aprobación de la Ley de la Cadena, este mecanismo de control desapareció y, aunque se creó en su lugar el Observatorio de la Cadena Alimentaria, en ningún caso se retomó este tipo de estudios.
Ante la crisis en el campo y las protestas de los agricultores, el ministerio volvió a convocar ayer a este organismo y al término de la reunión el director general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, anunció su intención de volver a controlar los precios. El objetivo es "identificar" en cada producto qué agentes intervienen, qué costes soportan y "ver cómo se construye el valor". Según aseguró Miranda, "eso nos permitirá describir cómo se reparten a lo largo de la cadena y de qué manera hay que retribuir a cada eslabón".
Información clave
Y es que, como destacan desde el ministerio, conocer esa información es muy importante para posteriormente cerrar los contratos entre los eslabones de la cadena de valor. Miranda, como ya adelantó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, recalcó la idea del Gobierno de que el borrador de esa normativa obligue a que los contratos incluyan los costes de producción como "uno de los factores de referencia" para poder cerrar los contratos.
La intención del Ejecutivo es que esa reforma legislativa sirva para incluir en ella algunos aspectos integrados en el Código voluntario de Buenas Prácticas alimentarias: "sobretodo, aquellas partes que nos ayuden a consolidar las relaciones de la cadena para que el agricultor tenga certidumbre y "estabilidad en sus intercambios comerciales".
El Gobierno cuenta, de hecho, con una herramienta básica para el control de los precios como es Mercasa. La red de Mercas canaliza, tal y como informó ayer elEconomista, el 65% de la compraventa de frutas y hortalizas en España. De hecho, en su página web, la empresa pública, participada por la Sepi y el ministerio de Agricultura, asegura que sus datos son fundamentales "desde su origen, para conocer las tendencias comerciales, la evolución del consumo y, sobre todo, los precios en el escalón mayorista". Desde el Ejecutivo, han pedido, pese a todo, autocrítica a los supermercados.
Sanciones
La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha impuesto, por otro lado, sanciones por un importe de 10,98 millones de euros por incumplimientos de la Ley de la cadena alimentaria entre 2014 y 2019, periodo que ha concluido con 1.916 infracciones con sanción. Así se desprende de la Memoria anual de actividades de 2019 de la AICA y los resultados acumulados desde el inicio (2014), según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El Gobierno quiere estrechar ahora el control.
