El Ministerio de Hacienda tiene como prioridad elaborar los presupuestos para este año y ahí podría aparecer una previsión económica de la futura aplicación de las subastas de medicamentos a nivel nacional. Montero ya ha avisado de que su intención es desarrollar el sistema de compra y ahora cuenta con un nuevo aliado: el ministro José Luis Escrivá, quien lo avaló como presidente de la Airef.
La subasta de medicamentos fue ideada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a finales del año 2011, cuando ejercía de consejera de Salud en Andalucía. Desde entonces ha sido una firme defensora del modelo hasta el punto de que el año pasado le trasladó a Bruselas en el Plan de Estabilidad su intención de implantarlo a nivel nacional. Para ello se basó en un informe de la Airef, quien avaló el modelo y le dio una proyección de ahorro de 1.000 millones en 2022. Hoy, el entonces presidente de la autoridad fiscal, José Luis Escrivá, es ministro de Seguridad Social y Migraciones.
La subasta de medicamentos será uno de los principales enemigos de la industria farmacéutica en este 2020. El modelo, que mostró cierta capacidad de ahorro pero también produjo continuos desabastecimientos de fármacos, es una de las recetas que tiene en la agenda el Ministerio de Hacienda para paliar el ingente aumento de gasto público que tiene previsto. Así lo comunicó a la Comisión Europea en 2019 la ministra María Jesús Montero en la actualización del Plan de Estabilidad y ahora, que comenzarán a preparar los nuevos presupuestos, "prioridad absoluta del Ministerio", la aparición de la medida a nivel nacional "no se descarta", según fuentes de Hacienda.
Críticas generalizadas
El sistema ha sufrido la crítica de todo el sector durante los años en los que ha estado vigente. Desde la farmacia se lamentaba el hecho de que los pacientes estaban sometidos a continuos cambios de presentaciones de los medicamentos subastados, circunstancia que puede socavar la adherencia al tratamiento. La industria del genérico nacional también se posicionó contra el sistema, ya que se vio expulsada a pesar de su contribución al Producto Interior Bruto del país y con la obligación de tener sus producciones activas para solucionar las faltas constantes de fármacos.
Cuando Montero incluyó a las subastas en el horizonte de 2020 lo hizo apoyándose en un informe que se encargó a la Airef sobre el gasto farmacéutico. El presidente de la entidad entonces era José Luis Escrivá, hoy ministro de Seguridad Social y Migraciones en el Gobierno de Sánchez. Aquel trabajo, llamado Spending Review, aseguraba que la implantación de la medida sería, efectivamente, este año, y proyectaba un ahorro de 1.000 millones que se alcanzaría en 2022.
Y en el momento en que se anunció que las subastas de medicamentos (también avalada por Pedro Sánchez en redes sociales) podría llegar a nivel nacional, se estimó que sería más laxa que su versión andaluza. En esta comunidad autónoma, durante siete años, se ha utilizado un modelo mediante el cuál aquel que diera la oferta más baja se quedaba con todo el mercado. Ahora, dada la dimensión y complejidad de operar en todo el territorio nacional, el modelo permitiría más de un actor. "Permitir estar incluidos en la lista de medicamentos con preferencia en la dispensación por cantidades limitadas –y por el orden de las pujas excluidas– el acceso al mercado de otras compañas farmacéuticas al precio pactado", decía el informe.
Uno de los síntomas más significativos de que la subasta a nivel nacional puede volver es lo ocurrido en Andalucía el pasado jueves. El nuevo gobierno ha estado desmantelando el modelo actual (y lo seguirá haciendo con los tres concursos que aún hoy están en vigor) pero el consejero dejó la beligerancia que le solía acompañar cada vez que hablaba del modelo y también cambió el discurso. En público afirmó que "se apuesta por reformular el sistema de subasta de medicamentos y la compra centralizada". De su eliminación pasó a la reformulación sin que nadie, a priori, haya presionado al gobierno regional para que modere su discurso. Diferentes fuentes afirman que desde Hacienda han comunicado la intención de aplicar el modelo a las comunidades autónomas y que éstas tendrán que cumplirlo.
