La imputación por falsedad contable de Ricardo Currás, exconsejero delegado de Dia, amenaza a todo el consejo de administración que la compañía tenía en 2017. La Plataforma de Afectados de Dia, creada por el despacho de abogados Gesico y que representa los intereses de un grupo de accionistas minoritarios, va a pedir ante la Audiencia Nacional que se investigue a todos los miembros del órgano ejecutivo. José Rodríguez, portavoz de la Plataforma, recuerda que "como consejeros tienen una responsabilidad a la hora de firmar las cuentas, por lo que vamos a recurrir el auto del juez para solicitar también su imputación".
Además de Ricardo Currás, el consejo de administración de Dia estaba integrado en 2017 por Ana María Llopis Rivas, en calidad de presidenta no ejecutiva; Richard Golding, como vicepresidente primero; Mariano Martín, como vicepresidente segundo y los vocales Julián Díaz González, Antonio Urcelay, Juan María Nin, Ángela Lesle, María Luisa Garaña y Borja de la Cierva, que asumió posteriormente el cargo de consejero delegado.
En el auto de imputación de Currás, el titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia, Alejandro Abascal, recuerda que "el consejo de administración ejerce la función general de supervisión y la consideración de aquellos asuntos de particular trascendencia para el grupo", aunque apunta también que "como norma general confía la gestión ordinaria al consejero delegado y a la alta dirección".
Currás ocultó información
La imputación de los consejeros no parece además fácil si se tiene en cuenta que EY, la firma que realizó el informe forensic sobre las posibles irregularidades en Dia, acusó directamente a la antigua dirección de la compañía, con Currás al frente como consejero delegado hasta agosto de 2018, de haberles engañado.
La firma señala, en este sentido, que se cometieron prácticas irregulares que "fueron ocultadas a los auditores externos y al consejo de administración". Esa ocultación de la información se produjo de forma deliberada, según reflejan algunos de los correos electrónicos entre directivos que recoge en el informe, en el que se ponen de manifiesto las maniobras para operar al margen de los controles establecidos.
Al que sí que está investigando ya el juez es a Antonio Coto, que era el responsable del negocio en Latinomérica, y que sustituyó a Currás como consejero delegado del grupo, además de a Freddy Wu, que era el director ejecutivo en Brasil, donde se detectaron las mismas irregularidades que en España, inflando los resultados para alcanzar los objetivos previstos de forma artificial emitiendo cargos ficticios y dejando facturas sin contabilizar.
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