Las grandes empresas cotizadas españolas han usado ocho fórmulas diferentes para calcular su brecha salarial durante 2018, que la legislación les ha obligado a publicar por primera vez. El resultado es que no tiene sentido comparar los datos de unas empresas con otras.
Alberto Castilla, socio de Gobierno y Responsabilidad Corporativa de EY, se pregunta: "¿Cómo es posible que un banco informe de que su brecha salarial es de 31, mientras que otro sostenga que es de -7?". Él mismo se responde : "porque hay ocho formas distintas de medir la brecha salarial".
Castilla es el autor del informe Rethinking Sustainability, que analiza el modo en que las empresas del Ibex 35 han publicado su información no financiera correspondiente a 2018, el primer ejercicio en el que estaban obligadas, de acuerdo con la Ley 11/2018, de información no financiera y diversidad.
Esta norma establece que las empresas de interés público, con más de 500 empleados -más de 250 dentro de tres años-, con un balance de 20 millones de euros o de 40 millones de facturación, elaboren un informe especial sobre cuestiones medioambientales, sociales y relativas a personal; respeto de los derechos humanos; asuntos relativos a la lucha contra la corrupción y el soborno; y detalles de su cadena de suministro, como la procedencia de minerales en zonas en conflicto.
La Ley forzó a las empresas cotizadas a elaborar un Estado de Información No Financiera a toda velocidad para presentarlo junto con sus cuentas anuales -apenas había tres meses de plazo- y EY se ha preocupado de analizar los Estados de 31 de las 35 firmas del Ibex, porque a dos no se les aplica, una es extranjera y otra aún no lo ha presentado.
Para elaborar sus respectivos Estados, las sociedades, de acuerdo con la legislación, han aplicado el estándar de Global Reporting Initiative, que establece qué elementos de la información no financiera se deben medir cuantitativamente, pero no el modo de calcularlos.
Sólo es cuestión de tiempo que se establezca un estándar también para el cálculo de los indicadores no financieros.
El resultado es que el 98% de esos indicadores tienen más de una forma de medirse. Por poner unos ejemplos, en las aportaciones a las fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, se han usado 14 modos distintos; en el consumo de agua, siete; en los tipos de desglose de la brecha salarial, nueve; en las fórmulas de cálculo de la brecha salarial, siete...
Castilla destaca que esta inconcreción de los indicadores impide que se puedan comparar los resultados de unas empresas con otras, con independencia del sector en el que operen: "Hace falta más concreción en la información y a ello apunta la normativa europea, pero el reto es gigantesco".
El socio de EY recuerda que la regulación de los auditores financieros se aprobó en 1988 -"no hace tanto"- y considera que sólo es cuestión de tiempo que se establezca un estándar también para el cálculo de los indicadores no financieros.
El 90% aporta más información
Además, el informe señala que el 90% de las empresas facilitó en sus Estados más información no financiera que la exigida por la legislación, normalmente en las memorias ambientales o de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que ya venían elaborando.
Además, se ha doblado el número de compañías con políticas de RSC, sostenibilidad y riesgos asociados -de un 37% a un 77%-, quizá porque ahora la publicación de este tipo de datos es una responsabilidad del Consejo de Administración, con implicaciones legales. No obstante, a pesar de este salto, poco más de la mitad, el 55%, considera la información no financiera en sus objetivos y planes de negocio.
Las entidades verificadoras -el 68%% ha usado su auditora habitual- han encontrado cuatro informes con salvedades, un 13% -una cifra elevada en comparación con la información financiera convencional-, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya está requiriendo su subsanación.
Estas salvedades de los verificadores están relacionadas con el reporte de beneficios país a país, las remuneraciones medias y la brecha salarial.
