Las consecuencias para Bankia de la llegada de Podemos al poder, si sale adelante el preacuerdo alcanzado esta semana entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pueden ser múltiples, pero es muy difícil que la sangre llegue al río y que José Ignacio Goirigolzarri abandone la presidencia o sea cesado de su cargo. Pero solo el riesgo de que esto pueda suceder añade una incertidumbre total sobre el futuro de la entidad en uno de los peores momentos, como se ha reflejado en la cotización en bolsa tras el denominado 'pacto del abrazo'.
El sector financiero en general se encuentra entre la espada y la pared y lo que menos necesita es inestabilidad, por lo que sería bueno que pronto se concretaran los planes, aunque todo parece indicar que las dudas se mantendrán durante un largo periodo de tiempo por el tira y afloja que pervivirá en el seno del Gobierno de coalición y de éste con los socios parlamentarios necesarios para adoptar medidas.
Tres son los efectos más demoledores para la banca de las propuestas de Podemos: menores beneficios por las subidas de impuestos específicos al sector (Sociedades y transacciones financieras); complicación para acelerar el saneamiento por medidas intervencionistas en el mercado inmobiliario; y la creación de una banca pública con Bankia como instrumento y sin Goirigolzarri.
Los primeros impactos son más factibles, sólo falta cuantificarlos y conocer su intensidad, en función de que las medidas se acuerden. La posible vicepresidencia de la ministra de Economía, Nadia Calviño, es un punto que juega a favor de las entidades, ya que su ideario político se acerca a las posturas de Bruselas y por tanto sería un dique de contención para limitar al máximo el alza de la tributación y determinados experimentos con la vivienda. De hecho, en los presupuestos pactados este año, que no salieron adelante y provocaron las elecciones de abril, no se incluyó por ejemplo la tasa especial que pretende imponer Podemos para que se recuperen las ayudas concedidas entre 2019 y 2013, que asciende a 60.000 millones.
El tercero es más improbable, por lo que Iglesias tendrá muy difícil manejar a su antojo la entidad. No sólo por la presencia de Calviño, que defiende la privatización de Bankia cuando las circunstancias del mercado lo permitan, sino por el poder que ejerce el BCE, de la que Luis de Guindos (PP) es su vicepresidente, sobre la entidad y el resto de competidores. No cabe duda de que la instrumentalización del grupo nacionalizado (de la que el Estado controla el 62%) como banco público requiere como poco la destitución o dimisión de Goirigolzarri de la presidencia, una figura que cuenta no sólo con el respaldo del regulador y de la ministra, sino del PNV, uno de los socios imprescindibles para que el Gobierno de coalición funcione. El partido vasco (o al menos una parte relevante de sus dirigentes) aboga no únicamente por la continuidad de Goirigolzarri en Bankia, sino por que lidere el grupo resultante de una fusión de ésta con BBVA.
Un sustituto del banquero vizcaíno de la entidad nacionalizada que llevara a cabo el proyecto de Podemos tendría que contar con la aprobación de BCE y éste es muy exigente en los test de idoneidad de cargos que realiza para dar el beneplácito para los directivos y consejeros del sector.
Caja de ahorros
Las tres barreras que tendría que derribar el líder del partido de extrema izquierda son una salvaguarda para que Bankia no se convierta en una especie de caja de ahorros. Hay que tener presente que la entidad es fruto de la integración de siete cajas en 2010, a las que se unieron otras tres en 2017, y que todavía tiene el deber de devolver algo más de 24.000 millones que recibió para su supervivencia. Estas instituciones, lideradas y controladas entonces por la clase política, son una de las causas que llevaron a la peor crisis financiera de nuestra historia. Los desmanes de sus dirigentes, colocados a dedo por los partidos, desembocaron en ruina para el sector.
Eso sí, el equilibrio de fuerzas necesario en el Gobierno y la necesidad de contar con apoyos de terceros, puede provocar un aplazamiento en la privatización y puede bloquear cualquier integración de la entidad, algo que no ayuda en nada a la devolución de las ayudas públicas. De momento el plazo para vender la participación que ostenta el Estado expira a finales de 2021, una fecha que se podría ampliar perfectamente como ya ha ocurrido en varias ocasiones. Pero esa consecuencia tampoco es relevante en el corto plazo porque la cotización se encuentra por los suelos y hace imposible una venta parcial y porque, de momento, ningún rival quiere llevar a cabo operaciones corporativas.
Y en el caso de que Bankia tuviera que materializar una fusión por problemas de solvencia, el veto podría levantarse por las consecuencias que acarrearía una intervención y adjudicación posterior, similar a la del Popular.
