Las petroleras y varios sectores de la industria con grandes consumos de gas le han reclamado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que sea todavía más dura con el hachazo a los ingresos de las redes de transporte y distribución de gas, que el Regulador quiere reducir en un 21,8% y en un 17,8%, respectivamente.
Un total de 11 asociaciones empresariales, Acogen, Anfevi, Anffecc, AOP, Ascer, Aspapel, Confevicex, Consejo Intertextil Español, Feique, Gasindustrial y Unesid, han decidido remitir alegaciones conjuntas a las cuatro propuestas de Circulares de la CNMC relativas a los ingresos regulados del sector gasista, a las que ha tenido acceso elEconomista.
En ellas, las empresas reclaman que el ajuste al transporte, la regasificación y la distribución, no se produzca de un modo gradual a partir de 2021, sino directamente a partir de ese año, al objeto de la revisión se traslade cuanto antes a los costes de la producción industrial.
Sin régimen transitorio
Las asociaciones cifran en 594 millones de euros el efecto de la progresividad del recorte en el caso de la Retribución por Continuidad de Suministro en el transporte, y de 879 millones en el caso de la Retribución por Desarrollo de Mercado, en el caso de la distribución. elEconomista ya adelantó estas cifras.
A esas cantidades hay que añadir una mayor reducción en la Retribución por Operación y Mantenimiento, eliminándola para los activos en extensión de vida útil, y el recálculo de las amortizaciones pendientes, que las entidades estiman en 165 millones para transporte y regasificación, y en 586 millones para distribución.
Finalmente, las patronales reclaman un mecanismo de control de la cobertura de gastos de operación y mantenimiento de las infraestructuras en relación a los peajes cobrados por su uso, así como obligar a las empresas gasistas a informar sobre el uso de dichas infraestructuras, para que se puedan hibernar las no necesarias.
El SIE se preocupa por el empleo
El Sindicato Independiente de la Energía (SIE), en sus alegaciones a la CNMC, a las que también ha tenido acceso elEconomista, considera que los recortes para el transporte y la distribución de gas y electricidad son una amenaza para el empleo de los trabajadores de ambos sectores energéticos.
Igualmente entiende que el Regulador amenaza la situación financiera de las empresas afectadas, el proceso de descarbonización de la economía, la electrificación del país y el proceso de sustitución de combustibles altamente contaminantes y subvencionados -como el butano o el gasóleo- por el gas natural, sin olvidar que es un retroceso en la mejora del aire urbano.
En suma, el sindicato cree que el conjunto del territorio español está en riesgo, por los impactos negativos de la propuesta: los costes sociales, y los desequilibrios territoriales y estructurales en la economía, superarían el objetivo de conseguir un mayor ahorro para los consumidores. Y recuerda que la CNMC admite que no se puede asegurar este ahorro a los consumidores.
