Las grandes eléctricas consideran que la retribución planteada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para las redes de distribución entre 2020 y 2025 -la reduce un 7%- es "insuficiente", genera "incertidumbres" y no da "las señales adecuadas para la descarbonización de la economía". Como las empresas gasistas, ofrecen "diálogo continuo" al Regulador para mejorar su propuesta normativa.
Pero a diferencia de las empresas gasistas -las alegaciones de Sedigás, su patronal, son durísimas con la CNMC-, las alegaciones EDP, Endesa, Iberdrola, Naturgy y Viesgo, por medio de su patronal, Aeléc, son suaves con el organismo presidido por José María Marín Quemada, al que le reconocen autoridad e independencia, y al que le ofrecen la mano "para que el marco regulatorio proporcione señales económicas adecuadas".
La gran diferencia de tono entre eléctricas y gasistas -aunque Naturgy esté en ambos grupos- se deriva del diferente trato regulatorio que reciben del Regulador. A las primeras les plantea un marco retributivo continuista con el actual, con unos recortes de ingresos descontados desde hace meses, mientras que a las segundas les propone un cambio normativo abrupto, sin terminar de definir, y con un hachazo a los ingresos regulados del entorno del 20%.
42.000 millones en el alero
Empero, las eléctricas consideran que la propuesta del Regulador no les incentiva lo suficiente para que inviertan en sus redes los 42.000 millones de euros previstos por el Gobierno hasta 2030 para cumplir con el Plan de Energía y Clima. El propio Ministerio para la Transición Ecológica está de acuerdo con ellas, como indicó en el correspondiente informe a la propuesta normativa de la CNMC.
Concretamente, las eléctricas señalan que deben incluirse las inversiones en digitalización, así como las destinadas a evitar la electrocución de aves -suman varios cientos de millones de euros-, que se modere la exigencia de eficiencia -fijada en el 40%-, que la normativa se aplique a los activos que se construyan a partir de que entre en vigor, etcétera.
Mención aparte merece el capítulo de los incentivos. Si en la normativa actual los hay para reducir pérdidas, mejorar la calidad del suministro y atajar el fraude, en la propuesta éste último desaparece y los otros se reformulan. Aeléc sostiene que esta reformulación es compleja y confusa, y, en el caso de la persecución del fraude, considera "urgente" la promulgación de una normativa específica que evite distintas interpretaciones y les permita combatirlo adecuadamente.
