La investigación judicial que lleva a cabo la Audiencia Nacional sobre el escándalo de espionaje de BBVA ha puesto el foco en esta primera fase de la investigación en las áreas que controlaba Ángel Cano, quien fue responsable de Recursos y Medios en la entidad desde enero de 2003 y hasta septiembre de 2009 y, posteriormente, consejero delegado hasta mayo de 2015.
Cano, como jefe de Recursos y Medios estaba instalado en el edificio que tenía el banco en la madrileña calle Clara del Rey, y no en el Paseo de la Castellana, donde tenía la sede operativa la entidad hasta que en 2015 se trasladó al edificio conocido como La Vela en Las Tablas (Madrid).
Cano tenía entonces bajo su responsabilidad las áreas de Seguridad, Informática, Recursos Humanos, Cumplimiento y Compras, según informan fuentes cercanas a la entidad en ese periodo. Precisamente, bajo sus órdenes estaba Julio Corrochano, el exdirector de Seguridad, quien hizo de interlocutor entre la entidad y el excomisario José Manuel Villarejo, tal y como demuestran los audios publicados hasta el momento de sus conversaciones. De hecho, el contrato para llevar a cabo el presunto espionaje para abortar el intento de Sacyr entre 2004 y 2005 para hacerse con un paquete de acciones que le diera entrada al consejo de administración del banco se redactó para que fuera firmado por la firma del expolicía V&V Development y el propio Corrochano.
Además de Corrochano, el resto de directivos del banco imputados por el juez del caso, Manuel García-Castellón, también estuvieron en su momento bajo las áreas que controlaba Cano, según las mismas fuentes. Estos directivos son el responsable de Control y Datos en Finanzas, Javier Malagón Navas; la directora de Seguridad Corporativa, Inés Díaz Ochagavía; el jefe de equipo de Seguridad, Nazario Campo; el consejero de la filial turca Garanti, Ricardo Gómez Barredo; el director de Red de Banca Cormercial, Ignacio Pérez Caballero; y el presidente de Distrito Castellana Norte (firma participada por BBVA) y exresponsable de inmobiliaria del banco, Antonio Béjar. Aunque Cano no controlaba directamente el área de Real Estate de la entidad, sí el departamento de Compras, encargado de cualquier operación de compra en la entidad, desde la más pequeña como material de oficina, hasta las más grandes como edificios. Así, Cano también estaba al tanto de las operaciones de venta de los activos adjudicados que el banco se quedó por impago de los clientes con la crisis económica y su posterior desinversión a través de Anida, el servicer (gestora de activos) de BBVA.
Asimismo, el departamento de Seguridad que encabezaba Julio Corrochano también era el responsable de prestar la seguridad necesaria sobre los activos inmobiliarios, en el caso de que tuvieran que ser custodiados por vigilantes de seguridad que se contrataban a terceros, o velar por los sistemas de seguridad para los mismos como las alarmas. Incluso, fuentes conocedoras del funcionamiento de estas áreas en la época, apuntan a que los presupuestos de Seguridad para la contratación a proveedores, en este caso también incluía a las empresas de Villarejo, eran "sospechosamente" altos.
Corrupción en los negocios
La Fiscalía Anticorrupción pidió el pasado miércoles la imputación de BBVA en la pieza número 9 de la operación Tándem por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción. Según apuntó el Ministerio Público, la contratación del grupo Cenyt, firma del excomisario Villarejo, y los pagos realizados a la mercantil afectaron a "varias áreas sensibles" del banco "y a diversos ejecutivos" de la entidad durante un prolongado periodo temporal.
Anticorrupción va más allá e incluso implica a "alguno" de los ocho directivos vinculados al banco imputados en la trama de haber percibido "dádivas del entorno del grupo Cenyt" por facilitar al excomisario la contratación con la entidad financiera, lo que supondría un delito de corrupción en los negocios.
Los registros practicados en noviembre de 2017 (fecha en la que se detuvo a Villarejo) en los inmuebles del expolicía, tanto en su vivienda habitual como en otros, revelaron la existencia de cientos de documentos e información en pendrives que el comisario jubilado atesoraba de los múltiples trabajos que había realizado a lo largo de su carrera. Entre ellos, estaba varias de las conversaciones que mantuvo con Corrochano en el marco de los distintos encargos realizados por el banco. Estas charlas, a las que ha tenido acceso elEconomista, revelan cómo el exjefe de Seguridad del banco comentaba a Villarejo que mantenía informado a Cano de los espionajes encargados a finales de 2009 sobre el patrimonio personal del constructor Fernando Martín y del expresidente de Colonial Luis Portillo. Asimismo, en las conversaciones publicadas por Moncloa.com y El Confidencial, Corrochano también comentó al expolicía que una vez firmara el contrato con el banco harían su "acuerdo personal".
El expresidente de BBVA Francisco González nombró a Ángel Cano como su número dos en septiembre de 2009. Según apuntan los audios del excomisario, González también estuvo informado del espionaje sobre Sacyr de 2004 y 2005, del que pedía informes cada quince días, y, presuntamente fue él, quien pidió que se contratara al excomisario años posteriores para nuevas investigaciones.
