Bruselas
La regulación de los trabajadores de las plataformas digitales ha creado división entre los Veintisiete. Si la República Checa se marcaba el objetivo de cerrar un acuerdo durante su presidencia de turno de la UE, en el segundo semestre de 2022, tal intención se vio frustrada el pasado diciembre. Varios países reprocharon que se rebajara la ambición en derechos. Entre ellos España. Finalmente, este lunes, los Veintisiete han alcanzado un acuerdo sobre la directiva de trabajadores de las plataformas digitales, pese a las reticencias declaradas por ocho Estados miembro.
Ha sido en la recta final de la presidencia de turno de la UE en manos de Suecia en este primer semestre del 2023. Su último intento por reconciliar posturas parece haber dado sus frutos con un acuerdo sobre el proyecto de directiva que regula las condiciones de los trabajadores de Glovo o Amazon y que pretende poner fin a los falsos autónomos en este sector.
Finalmente, la postura acordada establece que un repartidor es empleado por una compañía si cumple tres de los siete requisitos del texto normativo, frente a los dos de cinco que establecía la posición del Consejo de diciembre. Entre los criterios fijados este lunes figuran que la empresa estipule los horarios, el control del trabajador --también a través de medios digitales--, que la empresa determine la remuneración, que marque pautas de imagen o conducta en la entrega, que restrinja la posibilidad de trabajar para otros o crearse una clientela o que use subcontratados o sustitutos.
Los ministros de Empleo de los Veintisiete han dado finalmente con un consenso de cara a continuar el proceso legislativo en el Parlamento Europeo. "Veremos cuán lejos puede llegar el compromiso entre Consejo de la UE y el Parlamento", ha señalado en rueda de prensa al término del encuentro el comisario de Empleo, Nicolas Schmit, que ha abogado por un compromiso "tan ambicioso como sea posible".
Los Veintisiete han acordado una posición respecto a la ley Rider comunitaria, sin embargo, con la abstención de España que ya el pasado diciembre rechazaba el texto, argumentando su falta de ambición, y conjuraba una minoría de bloqueo junto con otros países. Reticencias que se han saldado con una declaración conjunta entre ocho Estados miembro en la que afean que la directiva no establezca de forma nítida la presunción de laboralidad por parte de las plataformas, en línea con las sentencias judiciales.
A su llegada a la cita de ministros de Empleo la UE en Luxemburgo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha considerado la propuesta de normativa "fuera del sentido común" y que "en términos democráticos es difícilmente comprensible". Motivo por el cual puso en las negociaciones en la Eurocámara las esperanzas para que "sea mejorada la proposición".
"Los Tribunales europeos de los Estados miembro y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han dictado una doctrina acerca del concepto de subordinación y es muy poco comprensible que el texto devalúe la posición que los propios tribunales europeos están aflorando acerca de los derechos laborales que deben tener los trabajadores y trabajadoras", ha subrayado la titular de Trabajo.
Las diferencias se han resuelto con una declaración conjunta, firmada por ocho Estados miembro, en la que abogan por "mejorar el texto" legislativo. Insisten en que la posición acordada este lunes en el Consejo de ministros de Empleo sobre la presunción de relación laboral "es menos ambiciosa y eficaz que la propuesta por la Comisión Europea".
España, junto con Portugal, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Rumanía y Eslovenia han resaltado la necesidad de "establecer la presunción de laboralidad sin restricciones o excepciones, ya que esto solamente perpetuaría el desequilibrio actual entre las plataformas digitales y las personas que trabajan en ellas". Algo que ha propiciado la eclosión de falsos autónomos, razona el texto.
Además, los ocho países piden "ampliar el ámbito de aplicación de la presunción de laboralidad a los procedimientos fiscales, penales y de seguridad social".
La ministra de Igualdad de Género y viceministra de Empleo de Suecia, Paulina Brandberg, ha destacado la divergencia de posturas entre los países que quieren más ambición en la directiva y aquellos que abogaban por las exenciones. En todo caso ha puesto como prioridad que "los sistemas nacionales sean compatibles" y considera que el texto es "equilibrado" entre intereses diferentes.